La semana pasada trascendió que dos ex funcionarios porteños durante la gestión de Jorge Telerman fueron embargados por más de cuatro millones de pesos por el presunto perjuicio que le generó al erario local la campaña publicitaria “Actitud Buenos Aires”.              

(Cuarto Intermedio – 13 de octubre de 2011)- La medida recayó sobre Oscar Feito, ex secretario de Medios, y José Luis Primo, asesor, quienes están procesados y en camino al juicio oral y público por el presunto delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con el delito de omisión abusiva”.Hasta allí, una noticia de cierta relevancia, pero nada del otro mundo. El dato que los medios omitieron es que los embargos efectivamente se concretaron. Los fiscales, ante la imposibilidad de embargar bienes que claramente superan los patrimonios de los acusados, suelen desentenderse de esas cuestiones. Pero por una recomendación del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, se ordena que ante delitos cometidos en perjuicio contra la administración pública, deben extremarse los recaudos para garantizar que ante un  fallo condenatorio el Estado pueda recuperar el dinero.Eso fue lo que hizo el juez Luis Zelaya con Feito y Primo. Además de los procesamientos por figuras penales que contemplan penas de hasta seis años de cárcel, les trabó embargos reales sobre todos los bienes que poseen, es decir, que virtualmente los inmovilizaron civilmente.El fiscal Sandro Abraldes planea requerir el juicio oral y público en las próximas semanas.