Los jueces de instrucción penal están preocupados. Podrían quedarse sin trabajo, y aunque van a seguir cobrando el mismo sueldo, lo cierto es que no sería de extrañar que aplicando la lógica capitalista, si merma el trabajo se despiden los trabajadores que no tienen funciones.              

(Cuarto Intermedio – 13 de octubre de 2011)- Lo concreto es que la Justicia Penal y Contravencional de la Capital Federal, un fuero relativamente joven y de notoria influencia del poder político comunal, intervendrá en causas por lesiones, abuso de armas, incendio y otros estragos, discriminación e incidentes en espectáculos, duelo, violación de domicilio, impedimento u obstrucción de contacto, penalización de actos discriminatorios, delitos contra la administración pública ocurridos exclusivamente en el ámbito porteño, atentado y resistencia contra la autoridad, falsa denuncia, usurpación de autoridad, títulos u honores, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios y violación de sellos y documentos, entre otros. Todo eso era, hasta ahora, competencia de los jueces nacionales.Un detalle adicional: la ley fue impulsada por los senadores oficialistas Daniel Filmus y Miguel Angel Pichetto. Y si bien llevaba dos años de tratamiento, sólo fue aprobada y sancionada después de que Mauricio Macri se asegurara un nuevo período de cuatro años de gobierno.