El control de las probation abre conflicto de poderes bonaerenses

La Suprema Corte de Buenos Aires declaró inconstitucional una norma que traspasa esas funciones del Ejecutivo a la Justicia, al tiempo que el Senado manifestó... Por Cuarto Intermedio

La Suprema Corte de Buenos Aires declaró inconstitucional una norma que traspasa esas funciones del Ejecutivo a la Justicia, al tiempo que el Senado manifestó su discrepancia con el tribunal.

(Cuarto Intermedio – 3 de noviembre de 2011)- La responsabilidad de controlar el cumplimiento de sentencias que dispongan tareas comunitarias, denominadas “probation”, y de otros mecanismos alternativos a la prisión, quedó en medio de un inusual conflicto entre el gobierno provincial, la Legislatura y la Suprema Corte de Justicia bonaerense que expusieron diferencias de criterios sobre las funciones que corresponden a cada poder del Estado.Es que mientras el gobierno provincial y la Legislatura consideran que es la Justicia quien debe actuar en el seguimiento de la aplicación de esas medidas, la Suprema Corte rechaza el traspaso de esas funciones, que hasta ahora eran responsabilidad del Patronato de Liberados del ministerio de Justicia y Seguridad.La polémica sumó un nuevo capítulo en el Senado bonaerense, donde se aprobó por unanimidad un proyecto de declaración para rechazar un dictamen de la Suprema Corte en el que el tribunal cuestionaba la validez de la ley que transfirió la función de controlar si los condenados cumplen con las tareas comunitarias a los Juzgados de Ejecución Penal.El conflicto se originó a partir de un proyecto de ley que envió al Senado la administración de Daniel Scioli que contenía modificaciones en más de cincuenta artículos de la Ley de Ejecución Penal. La norma contenía un artículo que ordenaba el traspaso a la órbita del Poder Judicial de las tareas de control del cumplimiento de sentencias que impliquen alternativas a la prisión, como la libertad condicional, o tareas comunitarias, que hasta ese momento eran responsabilidad del Patronato de Liberados.Esa disposición, que apuntó a asimilar en la Provincia el criterio que se aplica a nivel nacional, contemplaba además la creación en el ámbito de los Juzgados de Ejecución Penal de secretarías de Control, que se ocuparían de cumplir esa tarea.A poco de que la Legislatura sancione la ley, la Suprema Corte bonaerense dictó una resolución que declaró la “invalidez” de esas medidas y la nulidad de las nuevas funciones asignadas a los Juzgados de Ejecución Penal. En esa acordada del pasado 28 de septiembre, el máximo tribunal argumentó que la tarea de controlar si un condenado cumple con los trabajos comunitarios que se le asignaron “es de neto carácter administrativo” y que “debe regirse por criterios de política criminal y de utilidad social que resultan ajenos al Poder Judicial”.A esa controversia entre el Ejecutivo y la Justicia, se sumó el Poder Legislativo. Por unanimidad, el Senado bonaerense aprobó un proyecto de declaración firmado por todos los bloques que manifiesta la “discrepancia” con la resolución de la Corte y que, en los hechos, reafirma la “validez” de la ley que traspasa funciones a la Justicia.En ese marco, el presidente del Senado, Federico Scarabino, cuestionó la intervención del tribunal. “La Corte no puede declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley. No puede decir que es inaplicable porque no le gusta. Para nosotros, sigue siendo válida”.