El conflicto se inició con el rechazo a las sanciones impuestas a seis agentes por los incidentes con militantes de La Cámpora.      

(Cuarto Intermedio – 15 de diciembre de 2011)- Unos 150 efectivos de la División de Infantería de la Policía bonaerense se autoacuartelaron el pasado miércoles durante unas 12 horas en la sede de esa dependencia de la ciudad de La Plata para reclamar la reincorporación inmediata de seis miembros de la fuerza que fueron desafectados por orden del gobernador Daniel Scioli tras participar en un violento choque con militantes de la agrupación La Cámpora.La protesta, que generó un fuerte estado de tensión política y amenazó con extenderse a otros sectores de la fuerza, fue acompañada por familiares de policías heridos y desplazados, agentes de comisarías y de otros cuerpos de la Bonaerense, que se trasladaron hasta el patio central de la sede de Infantería, ubicada en la calle 1 y 60.Aunque inicialmente la medida de fuerza -un virtual autoacuartelamiento- se disparó por la situación de los seis efectivos desafectados por los incidentes ocurridos en la Legislatura el lunes pasado, la protesta sumó con el correr de las horas una larga serie de reclamos, que fueron desde el nivel de salarios, las condiciones laborales y el estado de “indefensión” que dicen sufrir los uniformados en su actuación en este tipo de conflictos.Tras la refriega, el gobierno provincial anunció la desafectación de seis efectivos de Infantería que participaron del operativo de seguridad desplegado en la Legislatura para el acto de jura de Daniel Scioli ante la Asamblea Legislativa.Los agentes dicen haber recibido una orden política de impedir el acceso de una columna de La Cámpora a los palcos superiores del recinto de Diputados, donde se encontraban los militantes del sciolismo. El operativo terminó en un violento cruce con jóvenes de esa agrupación kirchnerista, dos de los cuales sufrieron heridas y debieron ser hospitalizados.La protesta recién logró descomprimirse cuando los seis policías desafectados pidieron a sus compañeros del cuerpo de Infantería, a los familiares y al resto de los uniformados que se concentraron, que abandonaran el playón. Fue tras la reunión que mantuvieron con el jefe de la Bonaerense, Hugo Matzkin, los subsecretarios de Política Criminal, César Albarracín, y Operativo, Emiliano Baloira, y de la que también participaron el juez de Garantías platense César Melazo y el fiscal interviniente Tomás Morán.Aunque vivió el episodio con una tensión inocultable, el gobierno de Daniel Scioli se ocupó centralmente de no comprometer a sus máximas espadas en la negociación con los policías autoacuartelados y de mostrar, tanto en las gestiones ante los rebelados como hacia “afuera”, una posición inflexible: no retroceder en la sanción preventiva aplicada a seis miembros de la Infantería que originaron la protesta y no ceder a la presión del acuartelamiento.El esquema de reacción frente a la “crisis” se basó en la permanencia del ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, en su despacho durante las 14 horas que duró el acuartelamiento, desde donde condujo las gestiones que se realizaban en el cuartel de Infantería, y permanentemente comunicado con el Gobernador, que dio las directivas sobre la posición oficial.Las gestiones ante los autoacuartelados fueron, así, llevadas adelante por los flamantes subsecretarios del ministerio de Seguridad que tienen a su cargo el manejo político de la fuerza, César Albarracín y Emiliano Baloira; y por el jefe de la Policía, Hugo Matzkin, duramente cuestionado, a viva voz, cada vez que cruzó el patio donde estaban reunidos los “rebeldes”.