Prevén enviar la iniciativa a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires en las próximas semanas. Apunta a aumentar la participación civil en materia penal.                   

(Cuarto Intermedio – 23 de enero de 2012)- El Poder Ejecutivo provincial impulsará este año una modificación sustancial en materia judicial, destinada a habilitar el mecanismo de juicios por jurados, una reforma que apunta a promover la participación ciudadana en procesos del fuero penal.Con ese fin, en las próximas semanas, en el ámbito del ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense se abrirán mesas de trabajo con especialistas, legisladores y representantes del Poder Judicial, con la misión de avanzar en la redacción de un proyecto de ley integral que brinde el marco legal para esta reforma.Así trascendió en los últimos días desde la cartera que conduce Ricardo Casal, donde destacaron que la intención es alcanzar “el más alto grado de consenso” sobre la implementación de los juicios por jurados, un mecanismo contemplado en la Constitución bonaerense pero nunca llevado a la práctica.Aunque los detalles del proyecto todavía son materia de debate y discusión, funcionarios de esa cartera explicaron que la intención es que el mecanismo sea utilizado en procesos en los que se juzguen “delitos graves, complejos, donde todavía en un sector de la población puede haber sospechas sobre la actuación del Poder Judicial”.“El juicio por jurados ayudará a correr ese velo y a aumentar la participación ciudadana en la administración de justicia”, detallaron.En diciembre pasado, al asumir su segundo mandato, el gobernador Daniel Scioli anunció ante la Asamblea Legislativa que su gobierno iba a proponer “la participación ciudadana en la administración de justicia, buscando concretar en la Provincia el viejo mandato constitucional del juicio por jurados”.Con esa propuesta, desde el ministerio de Justicia y Seguridad iniciaron un trabajo conjunto con la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, que preside el abogado platense Héctor Granillo Fernández.Si la administración Scioli logra la sanción del proyecto, Buenos Aires se convertiría en la segunda provincia del país en contar con el sistema de juicios por jurados, que funciona en Córdoba desde hace más de diez años. Con todo, otras provincias como Neuquén y Río Negro ya abrieron debates en sus Legislaturas y podrían avanzar en la implementación.Sin embargo, según fuentes oficiales, el proyecto que busca impulsar la Provincia tiene una diferencia sustancial con respecto al sistema de Córdoba, donde se optó por instaurar el llamado “jurado escabinado” o impuro, ya que el cuerpo está integrado por ocho ciudadanos más tres jueces de carrera para fallar solamente en casos de corrupción, homicidio agravado y abuso sexual seguido de muerte, entre otros delitos.En la Provincia, en tanto, la intención es establecer jurados compuestos íntegramente por ciudadanos, que deberán cumplir determinados requisitos.En rigor, antes del anuncio de Scioli en la Legislatura bonaerense ya se había abierto un incipiente debate en torno al tema a partir de la presentación de un proyecto de ley firmado conjuntamente por el diputado Raúl Pérez y el senador Osvaldo Goicoechea (ambos del Frente para la Victoria) que apuntaba a la creación de la figura del juicio por jurados en la Provincia.La iniciativa despertó algunos rechazos en las bancadas opositoras -que cuestionaron el impulso a una modificación de esa naturaleza en el marco de un año electoral como lo fue el 2011- y algunos reparos de parte de colegios profesionales, desde donde plantearon incógnitas con respecto a la posibilidad de cumplir con los requisitos prácticos para implementarlo.A través de una reforma en el Código Procesal Penal, la iniciativa del oficialismo daba un marco legal al mecanismo. En ese sentido, proponía que los jurados debían intervenir en procesos por delitos como homicidio, abuso sexual, corrupción de menores, privación ilegítima de la libertad y homicidio en ocasión de robo.Además, establecía que los jurados debían estar integrados por doce miembros con estudios primarios completos, elegidos por sorteo, y que deberán determinar la culpabilidad o no de los acusados en esos procesos.