Un millonario reclamo de dinero del ex banquero y actual empresario de medios Raúl Moneta contra el grupo económico Bulgheroni por la caída en los 90´ del Banco del Interior y Buenos Aires S.A. (BIBA), quedó a punto de prescribir por el paso del tiempo.

(Cuarto Intermedio – 6 de febrero de 2012) – La Cámara del Crimen dispuso la nulidad de las indagatorias que el juez de primera instancia, Eduardo Daffis Niklison, tomó a Alejandro Pedro y Carlos Alberto Bulgheroni, Luis Alberto Remaggi y Carlos María Regúnaga, quienes habían sido sobreseídos en el expediente. La Cámara consideró que pese al sobreseimiento, el llamado a indagatoria sólo tuvo por objetivo evitar que la causa prescribiera, ya que no existía “motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito” sino “una leve sospecha” sobre los imputados. “Si bien la declaración del imputado constituye su principal acto de defensa material, lo cierto es que también cuenta con actitud legal para interrumpir la prescripción… los llamados cuestionados no reconocen otra finalidad que no sea la de truncar un curso prescriptivo”, advirtieron los camaristas Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Marcelo Lucini. Así, el expediente se retrotrajo al momento previo a las indagatorias, por lo cual podría decretarse la extinción de la acción por prescripción, ya que los plazos para ello se cumplieron el 7 de abril de 2011.

A principios de los 90´, los hermanos Alejandro y Carlos Bulgheroni eran propietarios del BIBA, con fuerte presencia en el interior del país que por disposición del Banco Central fue intervenida primero y declarada en quiebra dos años más tarde por la justicia Civil y Comercial de Santa Fe. Los Bulgheroni objetaron el cierre del banco en la Justicia y 13 años después, el 27 de marzo de 2003, la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró “la nulidad de la resolución 212/90 BCRA y de los actos administrativos dictados en su consecuencia”.

De esa manera, los Bulgheroni quedaban habilitados para reclamar un resarcimiento económico por la caída del banco, entre cuyos clientes damnificados figuraba la compañía ELP Holdings, cuyo presidente era Moneta.

Los Bulgheroni impulsaron un laudo arbitral ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), una entidad internacional con sede en París, reclamándole al Estado Argentino 850 millones de dólares, y al mismo tiempo firmaron con Moneta (en noviembre de 2004) un “Acuerdo para la realización de acciones cooperativas”.

Mediante ese acuerdo, le reconocían a Moneta “un porcentaje del eventual resarcimiento que pudiera obtenerse del proceso de arbitraje entablado, con el fin de saldar dichas acreencias”. Pero el 13 de abril de 2005, los Bulgheroni “desistieron del reclamo indemnizatorio”, con lo que quedó virtualmente frustrada la expectativa de Moneta de recuperar el dinero perdido por la caída del banco BIBA.

Moneta acusó a los Bulgheroni por los presuntos delitos de “defraudación por administración fraudulenta y desbaratamiento de los derechos acordados”, y atribuyó la conducta de los empresarios petroleros a los supuestos contactos políticos con el gobierno de Néstor Kirchner.