La causa en la que está involucrado el vicepresidente Amado Boudou parecería haber entrado en un “impasse”.
¿Por qué? Porque más allá de las menciones que se hicieron por estos días en los principales medios de comunicación de circulación nacional, en el gobierno nacional no están dispuestos a soltarle la mano así porque si (al menos por ahora), más allá de lo que piensen ciertos funcionarios del Ejecutivo que optaron por mirar desde la vereda de enfrente.
No es casualidad entonces, que el juez federal Norberto Oyarbide haya entrado repentinamente en escena justo cuando el fiscal que entiende en la causa, Carlos Rívolo, manifestara ante la señal de cable TN (justo para “regocijo” de Balcarce 50), que el expediente estaba avanzando: Es que Oyarbide ya tenía entre sus manos una causa sobre la quiebra de Ciccone Calcográfica que justamente dormía en su despacho de Comodoro Py y ahora, en momentos donde la imagen de Boudou está bajo la lupa, amaga con desempolvar.
Vale la pena destacar que, por estas horas, la investigación está a cargo del juez Daniel Rafecas y que los últimos movimientos en el expediente se registraron bajo su órbita a través de las denuncias recibidas por Laura Muñoz, la ex mujer de quien es sindicado como el supuesto testaferro de Boudou en Ciccone, Alejandro Vandenbroele.
Ahora y tras caerle otra causa sobre la quiebra de esa imprenta a Oyarbide, el fiscal Jorge Di Lello deberá pronunciarse respecto a la posibilidad de que el excéntrico magistrado se haga cargo del expediente. No obstante, hay dos variables a tener en cuenta por las que el fiscal deberá echar luz rápidamente para definir si será Rafecas u Oyarbide el encargado de resolverla, porque no pueden pronunciarse ambos jueces de manera independiente sobre la misma cuestión.
Por el lado de Oyarbide, juega a su favor que el Código de Procedimiento Penal determina que ante aquellas denuncias que presenten similitudes, será el juez “más antiguo” el que comprenda en esa causa (recordemos que Oyarbide ya tenía otra demanda relacionada a Ciccone). Sin embargo, el Código también consigna que las causas deberían quedar en manos de aquel magistrado que más haya avanzado con la pesquisa, lo que en este caso en particular, beneficiaría a Rafecas.
Si bien extraoficialmente se deslizaron versiones acerca de que la intención de Di Lello es que la causa quede a cargo del fiscal Carlos Rívolo (o sea, bajo la tutela de Rafecas), habrá que ver si desde el Ejecutivo nacional tratarán de influir con todas sus fuerzas para que Oyarbide eche “algo de frío” a una causa de las denominadas “calientes”.