El dirigente tabacalero Roberto Digón y su esposa, María Eva Gottero, están complicados en una causa judicial en la que están acusados por el presunto delito de “defraudación por administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública” en planes y créditos de vivienda auspiciados por el Instituto de la Vivienda (IVC) porteño.

La causa está a cargo del magistrado Rodrigo Pagano Mata, quien ya llamó a ambos a indagatoria pero todavía no les fijó fecha.

La investigación fue impulsada por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a raíz de la compra de un terreno comprendido entre las calles Ramón Lista, Moliere y José Pedro Varela, en la suma de 4.350.000 pesos, para destinarlo a la construcción de viviendas para trabajadores tabacaleros, en el marco del Programa de Ahorro Previo para Organizaciones Sociales (AHPROS).

“Se presentaron un total de 184 grupos familiares, de cuyos representantes solamente 91 refirieron trabajar o convivir con empleados de compañías u organismos vinculados ostensiblemente a la industria tabacalera, mientras que las ocupaciones de los restantes peticionantes oscilaban entre empleos públicos, privados y autónomos. Entre ellos, al menos cinco personas que prestarían funciones en la Agrupación Nuevo Boca, que nada tiene que ver con los tabacaleros”. En la causa se investiga si entre los “no tabacaleros” hay barras bravas de Boca.

Nuevo Boca es la organización política con la que Digón compite en las elecciones del club de la Ribera; la apoderada es su esposa.

Silvia María Eva Gottero, quien a su vez era directora del IVC y, según la acusación del fiscal Marcelo Martínez Burgos, facilitó la operación.