Con aval del vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, preparan un proyecto que implica “desmilitarizar” el Servicio Penitenciario.

La polémica en torno a la situación en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires que abrió nuevas grietas entre el gobernador Daniel Scioli y el vicegobernador Gabriel Mariotto tendrá réplica en el Senado, donde un grupo de legisladores kirchneristas prepara un proyecto para aplicar “reformas de fondo” en el Servicio Penitenciario Bonaerense y que sigue los lineamientos planteados por los sectores más críticos de la gestión de Ricardo Casal al frente de Justicia y Seguridad.

El proyecto, que por ahora se plasma en borradores que circulan entre senadores del oficialismo y el despacho de Mariotto, podría escribir un nuevo capítulo en la conflictiva relación que viene teniendo en su segundo mandato Scioli con la Legislatura. Luego de los pedidos de informes aprobados en Diputados sobre los contratos de la Provincia con la empresa vinculada a los juegos de azar Boldt Sa, la desaparición de Luciano Arruga y la decisión del kirchnerismo en el Senado de abrir una comisión investigadora sobre el crimen de Candela Rodríguez, ahora se apunta a otra de las áreas claves dentro de la gestión de seguridad del Ejecutivo: el Servicio Penitenciario.

El borrador inicial del proyecto fue redactado por el presidente de la Comisión de Seguridad, el oficialista Jorge D’Onofrio, autor también de la ley que creó la comisión especial sobre Candela. Aunque se lo vincula políticamente con el intendente de Tigre, Sergio Massa, D’Onofrio se mueve hoy muy cerca de Mariotto, quien ya habría avalado la idea de abrir un debate sobre las cárceles.

D’Onofrio le pidió días atrás al gobernador Scioli, que avance con una intervención del Servicio Penitenciario luego de que trascendieran las denuncias del periodista Horacio Verbitsky sobre el mal estado de las cárceles y sobre la supuesta actuación de agentes del Servicio Penitenciario en el asesinato de internos por parte de otros presos a quienes se les “ordenarían” los homicidios.

Verbitsky fue invitado por Mariotto a una recorrida por el Complejo Penitenciario de San Martín junto a otros organismos de Derechos Humanos. Luego de esa actividad, el vicegobernador lanzó durísimas críticas contra el estado de las cárceles y sobre situaciones de violencia. “Nos encontramos con situaciones que trasgreden la Constitución. En celdas donde tiene que haber dos reclusos, hay siete. El Estado tiene que estar preparado para dar seguridad y no para la represión. Las cárceles tienen que ser sanas y limpias”, había dicho.

El proyecto de reforma al Servicio Penitenciario Bonaerense comenzó a gestarse en los últimos días, luego de que D’Onofrio pidiera una audiencia con Scioli para reclamar, como se dijo, la intervención del organismo penitenciario que dirige Florencia Piermarini por los “altísimos grados de reincidencia y el fracaso de las políticas llevadas adelante”, según la fundamentación del senador.

En línea con ese planteo, la iniciativa apunta a incrementar la participación civil en las líneas de mando del SPB, que apunte a terminar con la “militarización” en el esquema de los guardiacárceles.

También se buscará que los jefes de los penales sean civiles y que las funciones de los guardias se limiten a “mantener el orden e intervenir en casos de conflictos”, siendo reemplazados en las funciones diarias por profesionales de diferentes disciplinas.

“Hay que revisar la carrera misma: quienes actualmente están a cargo de la reinserción son los penitenciarios. Ellos deberían estar solo para cuidar el orden”, indicó uno los legisladores que interviene en la iniciativa.

El proyecto será trabajado en forma conjunta con la Comisión por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dos organismos que trabajan desde hace años denunciando la crítica situación carcelaria. Incluso los primeros advirtieron sobre la necesidad de aprobar una “emergencia penitenciaria que permita realizar cambios de fondo en el sistema”.