El Consejo de la Magistratura desestimó el juicio político contra la jueza de instrucción Alicia Iermini, quien instruyó gran parte de la causa por la privación ilegal de la libertad y posterior muerte del joven Walter Bulacio, tras un recital de los Redonditos de Ricota en 1991.

El kirchnerisno no reunió los votos necesarios para aprobar el dictamen acusatorio impulsado por el senador Aníbal Fernández cuando era ministro de Justicia, por las presuntas demoras exageradas en la tramitación de la causa, que ya lleva 21 años de antigüedad.

Al oficialismo le faltó sólo un voto. Esperaban que esa mayoría calificada la diera Alejandro Fargosi, con quien contaron para aprobar los candidatos de un polémico concurso para juez federal de la Capital Federal, pero esta vez el abogado porteño no se plegó al kirchnerismo. Acaso porque los alrededores de tribunales están empapelados con carteles que rezan “Fargo$i Traidor”, firmados por la UCR.

Para el consejero Hernán Ordiales, representante del Ejecutivo en el Consejo y autor del proyecto que no alcanzó a ser aprobado, la jueza Iermini “fue quien mayor tiempo tuvo a cargo la tramitación del expediente en que se investiga la detención ilegal de Walter David Bulacio” y en ese contexto “permitió que la defensa del único imputado se abstuviera de contestar el traslado que repetidamente se le confiriera”.

En ese sentido, le imputaba a la magistrada “haber tolerado excesiva e injustificadamente la estrategia dilatoria desplegada por la defensa del único imputado en la causa”, “haber privado a los familiares de la víctima de una tutela judicial efectiva y de una justa reparación por la violación de sus derechos”, “haber ocasionado un grave perjuicio al Estado Nacional” y “haber desconocido derechos humanos fundamentales”.