La Cámara Nacional de Casación Penal reabrió la investigación por la muerte de dos gendarmes en la frontera misionera, en más que confusas circunstancias y ordenó profundizar la investigación para determinar si en realidad se trató de un doble homicidio encubierto por autoridades de esa fuerza.

Se trata de las muertes de Fabián Antúnez y Diego Aranda, presuntamente ahogados el 18 de septiembre de 2001 en el Puente Internacional de Posadas.

Ambas víctimas perseguían a los “paseros”, denominación con la que se conoce a quienes contrabandean distintos tipos de elementos arrojando bultos al río desde el puente para que otros los tomen e ingresen al país de manera ilegal.

Casación ordenó seguir la investigación “no habiéndose descartado aún el posible carácter ilícito de las muertes de Antúnez y Aranda y no habiéndose acreditado en modo alguno el carácter accidental en que las mismas habrían ocurrido”. Así, cinco imputados por “homicidio agravado” volvieron a estar bajo la lupa de la Justicia. Otros imputados, en ese caso por encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público, también resultaron perjudicados por la reapertura de la pesquisa.

“La extrema gravedad de lo acontecido (dos miembros de fuerzas preventoras perdieron la vida en extrañas circunstancias) obliga a que se extremen los recaudos necesarios y se agoten las vías posibles de investigación”, dijeron los jueces.