La autodepuración de los organismos estatales sufrió un duro revés en la Justicia. Un tribunal desestimó una denuncia realizada por una empleada del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) contra su titular, Enrique Mario Martínez, por el manejo presuntamente irregular de fondos públicos.

La empleada del INTI había detectado supuestos excesos y extralimitaciones de Martínez en el manejo de diversos programas, algunos de los cuales ni siquiera estaban formalmente contemplados dentro de la órbita de lo que debe realizar el instituto.

Sin embargo, la Cámara Federal ratificó el sobreseimiento en el expediente en el que Martínez había sido denunciado por haber dado a “fondos públicos una aplicación diferente de aquella a la que estaban destinados” mediante la creación de “una serie de ‘programas’ con el objeto de minimizar la actuación de las gerencias”.

La causa llevaba varios años de tramitación.

“Este Tribunal en anteriores oportunidades requirió la realización de diversas tareas tendientes a arrojar luz a los hechos. A esta altura de la investigación y compulsadas nuevamente las actuaciones, cabe compartir que la conducta de Enrique Martínez resulta atípica, por lo que corresponde homologar su sobreseimiento”.