El vicegobernador Gabriel Mariotto dijo que la Provincia de Buenos Aires ya adhirió a la ley nacional. Mientras tanto, en la gobernación provincial evalúan la situación.

El anuncio del gobierno bonaerense sobre el envío de un proyecto a la Legislatura para adherir a la Ley de Emergencia nacional, con el que pretendían encontrar un sustento legal al desdoblamiento de los aguinaldos y a otras medidas para hacer frente a la crisis de sus finanzas, quedó envuelta en un debate con opiniones cruzadas y derivaciones políticas que amenaza con extender el conflicto salarial en la Provincia.

La chispa la encendió Gabriel Mariotto: Tras anunciar, el miércoles pasado, que pagaría el aguinaldo a los empleados del Senado en una sola cuota, el vicegobernador bonaerense lanzó otra fuerte señal de diferenciación con el gobernador Daniel Scioli, al rechazar la posibilidad de que la Legislatura trate un proyecto para adherir a la Ley de Emergencia Económica y Financiera de la Nación porque, según dijo, ya lo hizo hace diez años, cuando el Congreso nacional sancionó esa norma.

A través de una carta dirigida al jefe de Gabinete, Alberto Pérez, Mariotto aseguró que la Provincia ya se sumó a la ley nacional de Emergencia (N° 25.561) en 2002, por lo que es innecesario que vuelva a hacerlo para intentar resolver el ahogo financiero que está atravesando.

La intención de la administración sciolista era adherirse a la norma que promulgó en 2002 el por aquel entonces Presidente Eduardo Duhalde, y que fue prorrogada por el kirchnerismo durante los últimos nueve años. Así, intentaba encontrar una herramienta legal para aplicar medidas como el desdoblamiento del pago del aguinaldo, que hoy está en el centro de un conflicto jurídico, y para contar con autorización para liquidar activos financieros.

Por su parte, el gobernador Scioli prefirió esquivar la polémica, al considerar que el argumento de Mariotto podría tener sustento. “Podría estar vigente la adhesión que hizo en su momento la Provincia”, dijo el gobernador, por lo que, anunció, va a requerir un “dictamen de la Asesoría General de Gobierno, y si eso es así, se evitaría el nuevo trámite parlamentario”.

“En ese caso, se utilizaría esa adhesión y tendríamos las herramientas necesarias para seguir adelante en la ley de emergencia nacional”, dijo Scioli, aunque no ofreció detalles sobre las alternativas posibles.

Más allá del cruce de declaraciones, en la Gobernación entendían que se trata de un tema “opinable jurídicamente”. En ese marco, en el Ejecutivo provincial se inclinaban en una postura de respaldo a los argumentos de Mariotto. De esa forma, sobre la base de que la Provincia ya adhirió a esa ley, se podría avanzar sin más con medidas de emergencia.

Pero el tema dividió también aguas entre las fuerzas de la oposición y legisladores del sciolismo. En respaldo al argumento de Mariotto, el diputado denarvaísta Mauricio D’Alessandro también consideró que la Provincia ya adhirió a esa ley, por lo cual “sería ridículo pretender hacerlo otra vez”.

En cambio, el titular del bloque de senadores de la UCR, Carlos Fernández, planteó que “no está en curso”. En este sentido, explicó que “la ley por la cual la provincia adhirió a la emergencia nacional no se encuentra vigente actualmente porque expresamente está establecido en su articulado que la misma existiría mientras haya emergencia provincial, que la Suprema Corte de Justicia determinó su inexistencia en un fallo a mediados del 2003”.

En ese marco, el diputado sciolista Iván Budassi criticó duramente a Mariotto, a quien le pidió “actuar con responsabilidad institucional” y aseguró que la Provincia no está adherida a la ley de Emergencia Pública nacional, por lo que necesitaría una nueva norma.

Budassi, el principal “vocero” de Scioli en las negociaciones, sostuvo que la posición de Mariotto en torno al tema es “cuestionable”.