El expediente que desembocó en la contratación de Global Infrastructure (GI), del empresario británico Stephen Chandler, Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV), Latasa y González Fischer y Asociados (GFA) para el control de la tarjeta SUBE, se rigió por las Normas del Banco Mundial en el marco de los acuerdos firmados entre el Gobierno nacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

El consorcio contó con la “No Objeción” (una suerte de certificado de aval) otorgada por el Directorio del Banco Mundial, según surge de documentación que consta en ese expediente.

La implementación del sistema de control de la SUBE estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP), que según explicaron funcionarios que intervinieron en el proceso, “instrumentó el proceso de selección y contratación de los servicios de consultoría para la ‘Supervisión de la puesta en marcha y de la operación continua del Sistema Único de Boleto Electrónico’ de conformidad con lo establecido en las Normas de Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial, correspondiente a la edición del mes de mayo de 2004, con las revisiones de octubre de 2006”.

Seis grupos empresarios manifestaron interés en el contrato para el control de la SUBE, según consta entre las páginas 1.792 y 1.799 del expediente. Barimont S.A. Consultora / Price Water House Coopers; Atos Origin España / Atos Origin Argentina; Ibi Group – Tecno Mak; Villagarcía y Asociados / PFK Argentina – HQ Solutions; Deloitte & Co. S.R.L. y Global Infrastructure (GI), del empresario británico Stephen Chandler, Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV), Latasa y González Fischer y Asociados (GFA).

Esa “Lista Corta de Consultoras” (así aparece identificada en el expediente) recibió la “No objeción” del Banco Mundial el 29 de diciembre de 2009. El “Pedido de Propuestas”, es decir el tramo final de la contratación, mereció la “No Objeción” el 25 de febrero de 2010.

De esos seis interesados, el Comité de Evaluación seleccionó a tres que “superaron el puntaje mínimo establecido para calificar de 75puntos”: Barimont – PWC, con 85 puntos; GI – IRV – IATASA – GFA, con 93,8, y Deloitte, con 75,2. El Banco Mundial también avaló ese paso del proceso, el 23 de junio de 2010. Dos meses después, el Comité determinó, mediante la “evaluación combinada de la calidad y el costo”, tomando un valor de referencia del tipo de cambio contra el dólar de 3,876 pesos, que la mejor oferta había sido la de Barimont, que cotizó 38.104.878,70 pesos. Segundo fue el grupo encabezado por GI, con 47.917.919,28 pesos, y tercero, Delloitte, con 64.939.093,15 pesos.

Barimont también obtuvo el mejor “puntaje financiero”. Pero al elaborar el “puntaje final ponderado”, que es el “resultado de la evaluación combinada técnica y financiera”, el conglomerado liderado por GI quedó primero, con 90,92 puntos; Barimont fue segundo con 88 y Delloitte, tercero con 71,90.

El objetivo del contrato, que tenía una duración establecida de cuatro años, era “supervisar la instalación, puesta en marcha y operación del SUBE, en lo referido al montaje de equipos de validación y recarga de tarjetas, verificación de procedimientos de clearing, del software y de los sistemas de comunicaciones para transferencia de datos; supervisión de la operación del sistema, en especial del funcionamiento de los equipos de validación y recarga de tarjetas, de los sistemas de comunicaciones para transferencia de datos, de la cobertura y eficiencia de la red de bocas de recarga, en representación de la Secretaría de Transporte”.

El Modelo del contrato finalmente firmado con el grupo GI también recibió la “no objeción” del Banco Mundial el 4 de octubre de 2010. El organismo internacional se pronunció de esa manera respecto del Informe de Evaluación Final, el Acta de Negociación y al modelo de Contrato para la consultoría, según se desprende del expediente.

Las fuentes señalaron que el contrato y su cumplimiento están siendo “sometidos a una evaluación por parte de la Auditoría General de la Nación desde abril de 2012”.