El diputado radical y ex juez del juicio a los comandantes de la última dictadura, Ricardo Gil Lavedra, presentó una acción de amparo contra la Inspección General de Justicia (IGJ) por negarse a suministrar información pública vinculada con la ex Ciccone Calcográfica.

Así lo informó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una organización no gubernamental estrechamente vinculada con la Justicia, que patrocinó la acción de amparo.

La presentación le reprocha a la Inspección General de Justicia “no haber respondido a diversos pedidos de acceso a la información pública sobre sociedades comerciales vinculadas al llamado caso Ciccone”, lo que “importa una violación a un derecho constitucional y un fuerte retroceso en materia de acceso a la información pública”.

La ADC explicó que “en febrero y marzo de este año, el diputado Gil Lavedra presentó dos pedidos de acceso a la información sobre la composición accionaria de diversas sociedades vinculadas al llamado caso Ciccone y sobre el accionar de la propia IGJ en relación a diversas irregularidades denunciadas en relación con esas personas jurídicas”.

Entre la documentación requerida, “se solicitó acceder al estatuto de diversas sociedades comerciales inscriptas en el Registro Público de Comercio, así como a datos sobre su integración accionaria, de sus órganos de gobierno”, pero “esos pedidos no fueron contestados”. En cambio -añade la presentación- “ en junio de 2012, la IGJ informó en su página web que a partir de ese momento, para poder acceder a información en sus registros, se debería acreditar ser parte interesada o demostrar tener un interés legítimo”.

“Estos requisitos son incompatibles con el derecho constitucional a acceder a la información pública, tal como lo han dicho numerosos jueces y juezas en todo el país y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que el acceso a la información pública no puede estar supeditado a requisitos tales como la demostración de poseer un interés legítimo específico”, replicó la acción judicial.

La causa quedó radicada ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número dos, a cargo del magistrado Esteban Furnari.