La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) remitió al Senado nacional un cuestionario de 44 preguntas para formularle a la candidata a Procuradora general de la Nación, la actual fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Alejandra Gils Carbó.

La ONG estrechamente vinculada con la Justicia “considera que aún no cuenta con la información suficiente como para evaluar las calidades de la candidata propuesta por el Poder Ejecutivo”. En ese sentido, la entidad subrayó que su currículum “muestra numerosos antecedentes laborales y académicos pero referidos, casi exclusivamente, al derecho privado”.

El cuestionario contiene preguntas generales, como por ejemplo, “¿Cómo concibe Ud. la exigencia constitucional respecto a la independencia del Ministerio Público y, a su juicio, qué hechos concretos la colocarían en situación de riesgo?” y “¿se sentiría Ud. limitada por la Constitución Nacional, al punto de dictaminar en contra de sus convicciones, o piensa que siempre puede hacerse una interpretación legítima de estos textos que, a la postre, coincida con los principios y convicciones del intérprete?.

También apunta a hurgar en el pensamiento de la candidata, con cuestionamientos tales como “¿Estima que existen diferencias conceptuales entre orden público e interés público?” o “¿tiene Ud. algún criterio de análisis de constitucionalidad? Si es así, ¿en qué consiste el mismo? ¿Resulta uniforme para todas las cuestiones constitucionales?”, o “en su actuación como Procuradora General de la Nación ¿en qué medida se sentiría obligada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?”.

El cuestionario se adentra en “temas constitucionales específicos”, entre ellos “¿qué valor le asigna Ud. al derecho de acceso a la información pública consagrado en la Convención Americana de Derechos humanos?”; también avanza sobre “las políticas que promovería en el Ministerio Público Fiscal” y en ese sentido inquiere: “¿Qué rol considera Ud. que debería tener el Ministerio Público Fiscal en nuestro país en este particular contexto político, social y económico?”, así como “¿cuál es el rol que entiende, debería cumplir la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas?; ¿Y cuál sería la coordinación que debería tener esta dependencia con la Oficina Anticorrupción?”.

Finalmente, insiste con un tema sensible por estos días: “¿Cuál considera Ud. que es el fin de la pena?”.