Los abogados del “jefe subrogante” de la barra brava de Boca, Maximiliano Mazzaro, presentaron una acción de amparo ante la Justicia bonaerense reclamando la inconstitucionalidad de una ley que establece un castigo sin necesidad de que haya una condena.

Los abogados Horacio Rivero y Juan Palacios atacaron al corazón de una norma pergeñada por el ministro de Justicia nacional, Julio Alak, y aplicada en sus detalles más extremos por el gobernador Daniel Scioli y los organismos de seguridad deportiva que de él dependen.

La acción judicial procura “declarar inconstitucional una ley que excluye de las canchas a las personas socialmente reconocidas como pendencieras o violentas”.

Según el escrito, “el derecho no permite la exclusión por presunción de mala conducta sino que debe ser una sanción legislada por ley previa al hecho”. Pero la ley provincial 13.578 dispone “frustrar concurrencia a dichos eventos de personas socialmente reconocidas como pendencieros o violentos. Es una prevención preactiva tendiente a desalentar desórdenes mediante la prohibición de concurrencia ejerciendo el Poder de Policía en materia de prevención”.

Así, el derecho de admisión se aplica aún cuando no haya condenas, ni antecedentes penales por episodios de violencia en el fútbol, lo que -según la presentación- significa una conducta discriminatoria.

Lo que corresponde, dice la presentación, es que cuando se cometen hechos de violencia “sean identificados los responsables y llevados ante la justicia para que un juez le imponga una pena”.