Entre los principales anuncios efectuados durante la exposición de la Presidente en la noche del 3 de septiembre, con motivo de celebrarse el Día de la Industria, se encuentra el envío de un proyecto modificatorio de la Ley de ART, antiguo reclamo de la UIA para terminar con la litigiosidad del SRT y el consiguiente encarecimiento del costo laboral.

La Presidente manifestó su deseo de que sea “el último año donde tengamos que seguir discutiendo con empresarios y trabajadores el tema de los accidentes de trabajo”, explicando que su intención es “terminar con la doble vía”, actualizando semestral o anualmente los montos indemnizatorios en la convención paritaria, en lugar de hacerlo mediante complicadas fórmulas de aplicación automática (como la que se usa para los haberes previsionales).

Para desagrado del diputado Héctor Recalde -Presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo con competencia en el tema- que la escuchaba atentamente desde su mesa, la mandataria que minutos antes había chicaneado a Hugo Moyano por reclamar un aumento del dólar, en este punto aprovechó para despacharse contra los abogados laboralistas que han “lucrado” con los defectos de esta ley, desarrollando una industria del juicio.

Recalde padre (su hijo es el que preside Aerolíneas Argentinas) circula desde hace más de un año por una estrecha cornisa que separa sus lealtades entre Cristina y Moyano, su antiguo líder y amigo. Pero además, es abogado laboralista y quienes lo conocen saben que se brota de ira cada vez que le hacen el cuestionamiento o le salen con la muletilla de la industria del juicio, con la que asegura se intenta descalificar a quienes defienden a los trabajadores.

Ya que estaba hablando por Cadena Nacional, la jefa de Estado intentó explicar al gran público cual era el problema con la doble vía (administrativa y judicial) y de qué forma se plantea resolverlo, señalando que “no hay legislación en el mundo que pueda evitar un juicio” (lo que resultaría inconstitucional), pero “lo que no va a ser declarado inconstitucional es que alguien opte: si le parece bien, que opte por la indemnización (que dispone la ley por vía administrativa a través del seguro) y si no, que vaya a juicio. Pero que cobre la indemnización como parte y después vaya a juicio, estimula la litigiosidad, donde la parte del león se la quedan los estudios de abogados”.

Ni más ni menos, que la ley que venía reclamando la UIA desde hace por lo menos cuatro años.

Cabe señalar, que la Presidente ya había anunciado su voluntad de resolver el tema ante 1.400 asistentes del acto que organizó CAME en el día de la Industria del año 2009, pero en esta oportunidad parece que la decisión ya es firme, aunque en un sentido muy distinto al de entonces, cuando el gobierno compartía con la CGT la opinión respecto a que la sola elevación de los montos indemnizatorios bastaba para desalentar la vía judicial.

En un reportaje publicado en 2008, Recalde fue terminante cuando señaló: “si como pretende la UIA la ley cierra oblicua o frontalmente el acceso a la justicia, nuevamente será declarada inconstitucional y las empresas deberán seguir pagando los juicios”.

Sin embargo es de esperar que el proyecto también contenga algunos de los reclamos de la CGT que formaban parte de los borradores elaborados durante los últimos años, tales como la ampliación del listado de enfermedades a cubrir por las ART´s (lumbalgias, várices y hernias inguinales); pago bancarizado de las indemnizaciones temporarias (ILT), creación de un registro de servicios de salud y de contratos de las aseguradoras y aspectos técnicos vinculados al funcionamiento de las comisiones médicas; el fondo fiduciario del sistema, etc. Por ello no será extraño escuchar quejas de los empresarios por los altos costos que representarán los nuevos contratos con las ART y como siempre, pondrán a las PyMEs como arietes.

Ahora resta saber si cuando se vote el proyecto, Recalde y los legisladores más cercanos a Moyano lo acompañarán, o si como ocurrió con el proyecto de ley enviado por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner para reformar el estatuto del trabajador rural, Facundo Moyano, Héctor Recalde y Omar Plaini se abstendrán.

Antecedentes

La ley de Riesgos de Trabajo vigente es la 24.557, orientada -más que nada- a atender al problema de la baja del costo laboral, antes que a la salud y seguridad de los trabajadores. Su presupuesto filosófico reside en que “resulta más barato perder una vida que una máquina”. De hecho, se la cuida más y se la repara y protege. Mientras que al trabajador, por su parte, se lo asegura y se despreocupa de su destino, ya que eso consolida los costos laborales de las empresas y genera ganancias en las aseguradoras.

Por esta ley se creó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, organismo que debe velar por las inversiones en Higiene y Seguridad en el Trabajo pero que es financiado por las ART, empresas aseguradoras que deben controlar dichas inversiones en las empresas que contratan con ellas.

El Estado delega en empresas privadas la función de contralor y estas deben hacer cumplir las normas de seguridad e higiene a quienes pueden contratarlas o ir con sus competidoras. Es decir, un despropósito jurídico destinado a que quien debe controlar no controle, quien debe invertir no invierta y quien debe auditar y pagar, no haga ninguna de las dos cosas.

No es extraño que esta ley tenga centenares de declaraciones judiciales de inconstitucionalidad y no conforme a empresarios ni a trabajadores. Lo que los legisladores deberían preguntarse es por qué intentar corregirla en lugar de debatir otra que se centre en disminuir los accidentes de trabajo.