La Cámara del Crimen estableció que la liberación de la zona, la agresión que terminó con la muerte de Mariano Ferreira; el presunto intento de soborno a jueces de la Casación para obtener la excarcelación de los primeros siete detenidos por aquel hecho, y la maniobra para adulterar la bala extraída del cadáver de la víctima forman parte de una misma secuencia.

Es por ello que los querellantes en una causa pueden serlo también en las restantes, aunque se trate de expedientes diferentes.

Así se desprende del fallo que aceptó como “querellante” en la causa que investiga si el perito Roberto Locles adulteró una prueba del crimen a uno de los heridos en aquel episodio ocurrido el 20 de octubre de 2010. Se trata de Nelson Fabián Aguirre, quien resultó herido de bala al igual que Elsa Magalí Rodríguez Sosa y Ariel Benjamín Pintos.

“Si bien el ilícito atribuido a Locles se enrola dentro de los cometidos en perjuicio de la administración pública, debe tenerse en cuenta la existencia de la protección subsidiaria de otros bienes jurídicos igualmente afectados por este tipo de delitos”, dice el fallo. Y agrega: “No puede considerarse que la conducta reprochada haya afectado exclusivamente la acreditación de dicho ilícito, en forma aislada a los demás que se investigaron acaecidos en el mismo contexto temporo-espacial… El ilícito atribuido al encausado no solamente pudo haber perjudicado la investigación llevada adelante por el homicidio de Ferreyra, sino el descubrimiento de la verdad de todo lo acontecido aquél 20 de octubre de 2010 en el cual, entre otras víctimas, resultó lesionado Aguirre”.