La Justicia en lo Contencioso Administrativo federal le ordenó a la Inspección General de Justicia restituir en el cargo de subinspectora a María Cristina Giuntoli.

Se trata de una funcionaria de carrera relegada desde hace más de diez años porque colaboró en una investigación sobre presunta corrupción en el organismo.

La jueza Liliana Heiland hizo lugar parcialmente al reclamo: “se la separó del cargo que interinamente ejercía, no obstante haber resultado primera en el orden de mérito en el concurso, al efecto convocado”.

Giuntoli ya había obtenido un fallo favorable que la había repuesto en el cargo, pero “sólo formalmente ya que se la destinó a un depósito multiusos que (además de su oficina, es cocina, comedor y vestuario de dos empleados de archivo), dista a 43 cuadras de la sede, sin personal a cargo, sin conexión a internet y sin acceso a expedientes”.

La funcionaria denunció que “el trasfondo de lo ocurrido fue su activa colaboración con la Oficina Anticorrupción en la investigación de prácticas corruptas en la IGJ; momento a partir del cual fue objeto de una implacable persecución”.

Durante el final del gobierno de la Alianza, el interinato de Eduardo Duhalde y principios del kirchnerismo, “la oficina Anticorrupción investigaba una serie de hechos vinculados a graves irregularidades en la Inspección General de Justicia”. Incluso Manuel Garrido, quien era Fiscal de Control Administrativo de la referida Oficina, reconoció que Giuntoli “ha colaborado desinteresadamente en la investigación”.

La jueza entendió que estaba “configurada la existencia de desviación de poder” en desmedro de Giuntoli, por lo que dispuso que se “reponga a la actora en el cargo Nivel B –Subinspector General de Justicia”.