Horas antes del diluvio que anegó Buenos Aires y precedió al fallo a favor del Grupo Clarín por parte de la Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, una veintena de personas rodearon el Palacio de Tribunales con bombachas y corpiños atados entre sí.

Lo curioso es que ninguno de los participantes de la manifestación sabía quién los había convocado.

Incluso, ante la pregunta de los encargados de la seguridad del edificio, dijeron pertenecer a “una ONG contra la violencia de género” y se ampararon en el derecho a la “libertad de expresión” para reclamar supuestamente contra el maltrato de los hombres hacia las mujeres, lo que se ha convertido en poco menos que una política de Estado.

Nada de eso: Ni hubo reclamo de Justicia, ni existió tal ONG. La mayoría de los manifestantes eran “extras” participando de una convocatoria para filmar lo que, según suponen las autoridades, fueron escenas que serán utilizadas en una producción independiente de bajo costo.

Hasta ahora no hay noticias sobre la apertura de una causa judicial, pese a que los manifestantes por lo menos incurrieron en contravenciones incluidas en el Código de Convivencia Urbana.

Una demostración de la permeabilidad de los controles callejeros, en una situación de menor envergadura pero que refleja el grado de paranoia descendente de los encargados de la seguridad en los edificios públicos.