El oficialismo desorientado en su laberinto

Para el 7D dibujaron una puerta de escape y se encontraron con un nuevo sendero del que no saben cómo salir. El 7D presuponía el... Por Cuarto Intermedio

Para el 7D dibujaron una puerta de escape y se encontraron con un nuevo sendero del que no saben cómo salir. El 7D presuponía el fin de los monopolios mediáticos. El titular de la Afsca esperaría hasta las 24 horas para que las corporaciones presenten sus planes de des-inversión. Y el lunes 10D iría con un escribano a tomar posesión de aquello que no se hubiera encuadrado en la “Ley de la Democracia”.

Hoy 7D, el oficialismo está perdido. Y Cristina en Brasil.

El titular de la Afsca, Martín Sabbatella, sostuvo: “Nos hemos presentado a la Corte pidiendo que intervenga y declare la nulidad del vergonzoso fallo de ayer”. ¿Vergonzoso? El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, reafirma: “Acabamos de vivir la semana de la vergüenza Judicial”. ¿Vergüenza? Y subió la apuesta: con el fallo que extendió la cautelar a favor del Grupo Clarín “terminamos de confirmar que la Cámara es el brazo jurídico del grupo ilegal”. ¿…brazo jurídico del grupo ilegal? Esta afirmación por parte del jefe de Gabinete es de una gravedad institucional enorme. Pero deberíamos preguntarle ¿Es una afirmación en serio o es para la tribuna? Si ya lo sabían, ¿Por qué pusieron al 7D en el centro de la agenda política? En un reduccionismo enajenado de la realidad pretender que un fallo adverso, la prórroga de la cautelar que no define siquiera el fondo de la cuestión, estaría produciendo un “golpe institucional” (Kunkel). O “un alzamiento contra una ley de la Nación” (Alak). O, que los jueces “creen un partido y que se presenten a elecciones” (Senador Fuentes). En fin.

Una verdad que parece incontrovertible es que las declaraciones del titular de la Afsca, del jefe de Gabinete, del Ministro de Justicia Julio Alak, del Senador Nacional Marcelo Fuentes, y del Diputado Nacional Carlos Kunkel, tienen poco valor. Es que en el ordenamiento político actual todo responde a Cristina; que no los tiene a ellos como “libre-pensadores” que colaboran con inteligencia, eficacia y autonomía con el Poder Central, sino como elementales exponentes que repiten sin chistar, incluso lo insostenible.

“Estamos ante una situación de gravedad institucional•, agrega Sabbatella a la confusión general. ¿Qué gravedad institucional?

¿Toda la responsabilidad habrá que descargarla en la Justicia? Este poder político conducido por Cristina, ¿no habrá hecho algo mal? ¿No debería hacer alguna autocrítica por poner en el 7D un objetivo que no pudo alcanzar y crear una expectativa que no pudo satisfacer? ¿No están simplemente desorientados?

El ardid con el que presentan la cuestión es falso. Y por eso la suma de errores y la confusión. Ponen en un rincón “una Ley de la Democracia, sancionada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo, surgidos ambos de la Voluntad Popular y en el otro rincón el “grupo mafioso”, con “una parte de la Justicia que no está preparada para enfrentar a las corporaciones» (Sabbatella), con jueces que no votó nadie y ubicados en áreas de la Justicia colonizadas por Clarín.

Con este ardid nos plantea esta disyuntiva: Tu, pequeño ciudadano ¿De qué lado te ubicas? Para sorpresa de ellos, una enorme cantidad de ciudadanos se ubica del lado de los malos.

El gobierno es víctima de su propia trampa. Y, lo que da vergüenza es tener que explicarlo. En el otro rincón esta la Constitución Nacional.

Por sobre las leyes de la democracia está la constitución de la democracia. La Constitución es fruto de la Soberanía Popular a través de la Asamblea Constituyente y de ella deviene la legalidad y legitimidad de los Poderes emergentes de la misma; que, por cumplir misiones distintas, resulta diferente su composición y la forma de elección. El asunto es que frente a la posibilidad de que una “ley de la democracia” lesione un derecho o garantía contemplada en la “constitución de la democracia”, el damnificado puede recurrir a la Justicia. Y el Poder Judicial dilucidará si la ley total o parcialmente se encuadra en las exigencias de constitucionalidad. El retraso de la Justicia puede ser exasperante para el gobierno, como lo es para los jubilados, el ciudadano común o las Madres del Dolor.

El gobierno quedó encerrado en su propio galimatías, porque puso fecha de resolución a una cuestión que estaba fuera de sus manos y vive un papelón ante propios y extraños. El día de la “gran batalla” transita soleado, fresco, sin mayores expectativas, tranquilo. Sin pena ni gloria.

Para quienes están en el Poder Ejecutivo, la salida a este problema no es quejarse porque la Justicia no les responde. Ni presionarla, ni entorpecerla. Es simplemente esperar a que resuelva. Respetarla.

Esto demandará un tiempo que no estaba previsto. Paciencia.

Después de tres años de incumplimiento de la ley por parte del gobierno nacional, la salida de este laberinto es sencilla: aplicar la ley en todos los artículos no cuestionados y para todos los actores que no han interpuesto acción judicial alguna. El resto vendrá por añadidura y nadie podrá resistir -ni siquiera el Grupo Clarín- la fuerza democratizadora que avanza en la Argentina desde hace tres décadas.

*Secretario General Nacional del PSA (Argentino).