El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires alertó sobre el incremento del uso de armas en el plenario de comisiones, donde la iniciativa logró despacho favorable para la última sesión del año.

El proyecto impulsado por el gobierno de Daniel Scioli que apunta a reformar al Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires para limitar el beneficio de las excarcelaciones para quienes hayan sido detenidos con portación ilegal de armas, entre otros casos, será sancionado el jueves en el Senado bonaerense, luego de la polémica que se generó por las resistencias de sectores del kirchnerismo y de la oposición contra la norma.

La iniciativa tuvo despacho favorable de las comisiones de Legislación General y Seguridad del cuerpo, de la que participó el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.

El dictamen fue firmado por los legisladores del oficialismo, el PRO Peronismo y el radicalismo, aunque los senadores del Frente Amplio Progresista (FAP) y la Coalición Cívica (CC) prepararán un despacho de minoría.

La semana pasada, el proyecto no había conseguido dictamen a partir del rechazo de la oposición y por los reparos del senador kirchnerista Luciano Martini, quien finalmente terminó acompañando la norma.

La postura de los bloques que firmaron el dictamen fue duramente cuestionada por el diputado de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín. “Me extraña que los compañeros que luchan contra la violencia institucional levanten la mano aprobando esto para darle una atribución judicial a la misma policía a la que el Senado acusó de convivir con el delito”, dijo.

Durante el plenario de comisiones, el ministro Casal, quien fue acompañado por el subsecretario de Política Criminal César Albarracín, defendió el proyecto al afirmar que “da miedo la enorme cantidad de armas que se secuestran en los operativos policiales”. Y agregó que en los últimos tiempos se detectó “la aparición de armas de origen ruso, con la particularidad de que se les agrega un cargador especial para que puedan hacer hasta 75 disparos”.

Albarracín, por su parte, se explayó en defensa del proyecto que había generado resistencias en un sector del oficialismo y entre los legisladores kirchneristas del bloque de Nuevo Encuentro, al señalar que en la Provincia “se registró un incremento del 21 por ciento en los delitos de robo con uso de armas”, de acuerdo a los datos estadísticos de la Procuración General de la Suprema Corte.