La Legislatura tucumana aprobó tres leyes que le permitirán al gobierno eludir las licitaciones públicas para gastar 255 millones de pesos, fundamentando esto en la necesidad del oficialismo de realizar trabajos lo más rápido posible, para no perder las fuentes de financiamiento que provienen de la Nación.

Los opositores, en tanto, criticaron la decisión porque, afirman, se busca negar transparencia en el gasto público.

En la última sesión se derogó la ley 8.541, que habilitaba al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) a contratar en forma directa cualquier obra. Por eso, se aprobó una norma derogatoria y que declara en emergencia a “todas las obras y/o proyectos de refacción, completamiento, ampliación y/o mejoramiento habitacional, destinada al sector de la población socio económica de escasos recursos”.

Pero una segunda norma declara de “bien público” la urgencia de contratar y adjudicar la construcción de 492 casas, en el marco del programa “Techo Digno”, a partir de un aporte de la Nación que supera los $ 95 millones.

Además, el bloque alperovichista habilitó a municipios y comunas a ejecutar sin licitación trabajos de agua potable y cloacas, por un valor de $ 84 millones.