Las iniciativas planteadas por el Poder Ejecutivo son, en parte, plausibles. En la mayoría de los temas y en líneas generales soy partidario del Gobierno, pero me opongo a estas propuestas altamente peligrosas para la democracia y la institucionalidad de la República.
Las modificaciones que se proponen para el Consejo de la Magistratura, para el trámite de medidas precautorias y la creación de Cámaras llamadas de Casación, pueden desembocar fácilmente en el avasallamiento del Poder Judicial y en un desenfreno administrativo que ponga la libertad, la honra y los bienes de los argentinos a merced del gobierno de turno. No solamente este Gobierno, sino de cualquiera que pudiera llegar. Los problemas planteados en estos tres puntos, se solucionan fácilmente así:
1)- Consejo de la Magistratura: si la Corte Suprema resuelve la causa “Asociación de Abogados de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ Amparo” (causa 1343/06 A), donde en 2006 se planteó la inconstitucionalidad del actual Consejo. Este es un ejemplo de morosidad judicial. Si se dicta sentencia, quedaría claro desde el punto de vista constitucional cómo debe ser la ley que diseñe el Consejo.
2)- El problema de las medidas precautorias es que se las eterniza, funcionando prácticamente como sentencias anticipadas que se aplican durante años (caso Clarín por ejemplo), pero esto se solucionaría, en gran medida, si los abogados del Estado impulsaran los procesos en lugar de dilatarlos, como habitualmente siempre hicieron y hacen, mediante cuanta argucia procesal existe (“chicanas”). Legalmente tanto la parte actora (la que inicia el juicio) como la demandada, pueden apurar las cosas.
3)- Crear nuevas Cámaras implicará agregar de uno a cinco años de demora a la que ya existe. Como ejemplo de ello está la Cámara de Casación Penal, catastróficamente lenta. La morosidad de la justicia se puede paliar nombrando jueces para cubrir las vacantes -el Poder Ejecutivo está notoriamente atrasado en esta tarea, ya que el Consejo le ha mandado varias decenas de ternas que continúan pendientes-, e implementar controles del buen desempeño y contracción a sus tareas de quienes ejercen magistraturas. Además de una jornada de siete horas de lunes a viernes, tanto los jueces como los funcionarios judiciales gozan de un mes y medio de vacaciones pagas, y pueden pedir cada año otro mes de licencia paga (derecho altamente utilizado). Si se achican los tiempos muertos, los juicios serán más rápidos. Hay mucho material escrito y estudiado que demuestra cómo simplemente con voluntad y algunas medidas sencillas se puede agilizar la Justicia.
Frente a problemas que se solucionan técnicamente sin complejidades y sin la torpeza de poner a elección pública a los jueces, ya que antes de ser nombrados deberían ser evaluados por su probidad, sus conocimientos jurídicos y sus capacidades de administración, los proyectos que objeto parecen ser simplemente un intento de colonizar la justicia con gente adicta.
*Ex Presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA).