El Estado argentino incumplió un acuerdo ante un tribunal internacional para solucionar la situación de decenas de miles de jubilados que pugnan en la justicia por el reajuste de sus haberes de acuerdo a lo que marca la ley.

Así se desprende de una presentación ante la OEA efectuada por organizaciones de la clase pasiva con el apoyo de los senadores Gerardo Morales, Ernesto Sanz, José Cano y Alfredo Martínez, el diputado Mario Fiad y el secretario general de la UATRE, Gerónimo Venegas.

Según el texto, el 4 de noviembre de 2009, el Estado argentino firmó el “Acuerdo de solución amistosa” en el caso “Menéndez y Caride”, por el cual se comprometió “a adoptar todas aquellas medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones y normativas dictadas con motivo de este proceso”.

La “solución amistosa” apuntaba a “restituir a todos los jubilados argentinos actuales y futuros sus derechos a la seguridad social y a contar con una protección judicial eficaz y oportuna”, y para ello “se estableció que tales medidas, que debían efectivizarse a través de la Administración Nacional de Seguridad Social, (ANSES), comprenderían la obligación de que todas las sentencias judiciales aún pendientes de ejecución, salvo disposición en contrario contenida en la propia sentencia judicial firme, deben ser cumplidas sin nuevas limitaciones”.

El Estado, siempre según la denuncia, se comprometía también a “instrumentar un sistema de liquidación de sentencias judiciales que garantice el cumplimiento de las decisiones en los términos y plazos especificados en el propio fallo judicial firme. No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia que hubieran sido favorables a los beneficiarios, en supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido”.

Por otra parte, prometía “desistir, dentro de los 60 días corridos de la firma del acuerdo, de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la seguridad Social, contra sentencias favorables a los beneficiarios, en los supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido en casos similares”.

Los denunciantes advirtieron que “fue el total incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Argentino”, por lo que el 13 de abril del año pasado 82 jubilados argentinos impulsaron un expediente por “la violación y total incumplimiento” del acuerdo de solución amistosa.