Ante el Senado bonaerense, dijo que se analizan certificados “dudosos” y una denuncia de identidad reservada. Además, defendió la actuación de los fiscales.

En una jornada que tuvo como eje la polémica por la investigación en torno al número de víctimas que dejó el temporal del pasado 2 de abril, la Procuradora General de la Suprema Corte bonaerense, María del Carmen Falbo, se presentó el martes en el Senado ante la Comisión de Derechos Humanos y reveló allí que la Justicia analiza certificados de defunción “dudosos” para determinar si corresponden a muertes causas por la inundación.

Además, destacó que entre esas posibles víctimas que se agregarían al listado oficial figura un menor de edad, a partir de la denuncia de un testigo de identidad reservada recibida en la fiscalía de Jorge Paolini.

Antes de ingresar al encuentro de la Comisión que preside Santiago Carreras, Falbo explicó a la prensa que iba a brindar información sobre la actuación del Ministerio Público “que es lo que tengo a mi cargo”. “Hay confirmados 67 muertos y tres posibles más que son con causas, es decir que no murieron ahogados sino días después. Una fue el 18 de abril”, detalló.

Ante los senadores de la Comisión, la Procuradora reveló que un testigo de identidad reservada se presentó ante la fiscalía de Paolini diciendo que había visto a un chico que murió ahogado, pero dijo que todavía no se lo ha interrogado. “Por el momento no se está buscando a ningún menor”, expresó.

Consultada sobre el papel desempeñado por los fiscales que investigaron la tragedia, Falbo aclaró que no desplazó a Juan Cruz Condomí Alcorta, sino que fue el propio funcionario quien “creyó mejor que la investigación no siguiera en su poder”.

Por otro lado, Falbo se refirió al desplazamiento del defensor penal juvenil Julián Axat, quien había iniciado junto al juez Luis Arias una investigación por el número de víctimas fatales.

“El doctor Axat no estaba avalado para hacer nada de lo que hizo, porque en nuestra provincia tenemos las cosas muy separadas. Los derechos constituciones de los menores deben ser investigados por la asesoría de menores incapaces, que es otra dependencia del Ministerio Público”, indicó.

Para la Procuradora, “Axat actuó de mala fe porque recusó a los jueces y fue directamente a llevar el expediente que presentó al juzgado de Arias. Por eso el defensor general, Omar Ozafraín, le recuerda cuál era su misión y le pide que se aparte de la investigación. Axat apeló esto sin que corresponda hacerlo, y después convalidamos la resolución de Ozafraín”.