Es para los casos de detenidos por portación ilegal de armas y para quienes se resistan a un control policial. Lo sancionó la Legislatura bonaerense luego de insistentes reclamos del gobernador Daniel Scioli.

Con el voto del oficialismo y parte de los bloques opositores, la Legislatura bonaerense convirtió en ley el proyecto de reforma al Código de Procedimiento que envió el gobernador Daniel Scioli y que, en los hechos, limita la posibilidad de que los jueces otorguen el beneficio de la excarcelación a quienes hayan sido detenidos con portación ilegal de armas de fuego, o que se resistan a operativos de control de cualquier autoridad pública.

La iniciativa fue votada en la Cámara de Diputados, apenas una semana después de que se apruebe en el Senado y en medio de los públicos reclamos del gobernador Scioli, quien pidió a la Legislatura avanzar con esta ley para “sacar las armas de las calles”.

En la votación se opusieron los legisladores del bloque Nuevo Encuentro y, por otro lado, se expresaron de manera “crítica” los diputados Oscar Negrelli (Coalición Cívica) y Ricardo Lisalde (Alternativa Peronista).

La sanción del proyecto llegó luego de que la Suprema Corte suspendiera por inconstitucional una iniciativa similar que había enviado Scioli a las Cámaras y que fue cuestionada por organismos de Derechos Humanos.

El máximo tribunal avaló la presentación de la Comisión por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmando que la ley, “prima facie, resulta contraria a derechos y garantías reconocidos por las constituciones de la Nación y la Provincia y diversos tratados internacionales”.

La norma sancionada fue enviada por el Ejecutivo luego de esa medida del máximo tribunal provincial. Básicamente, apunta en el mismo sentido que la que se mantiene suspendida por la Corte, aunque con “retoques” en la redacción para evitar esos cuestionamientos.

Los cambios se realizaron, puntualmente, en el apartado que establecía que “en ningún caso” se excarcelará al portador del arma.

Ahora, los jueces deberán considerar la portación ilegal de armas y el intento de fuga al momento de decidir la excarcelación, y además deberán evaluar si esas conductas suponen un riesgo procesal que amerita denegar el beneficio.

El proyecto había sido enviado por Scioli al Senado provincial en abril pasado junto a otras iniciativas para desalentar el uso de armamento en la Provincia, entre ellas, una que obliga a secuestrar armas de fuego en los casos de violencia de género.

Ese día, el gobernador Scioli aseguró que “buscamos con el Poder Legislativo readecuar la legislación vigente a la realidad, para acorralar y encarcelar a aquellas personas que sean sorprendidas con armas de fuego y que tengan antecedentes”.

Tras la conversión en ley en Diputados, el legislador del Frente para la Victoria (FpV) Iván Budassi, destacó “el pronto tratamiento de la iniciativa, que no se hubiera logrado sin el compromiso de los bloques oficialistas de ambas Cámaras, y el apoyo de gran parte de los bloques de la oposición”.