Un grupo de legisladores opositores, encabezados por el diputado radical e integrante del Consejo de la Magistratura Oscar Aguad, presentó una iniciativa de ley para que los jueces subrogantes queden exceptuados de intervenir en causas por denuncias de corrupción contra funcionarios públicos.

La situación de esos magistrados genera sospechas de parcialidad en diferentes sectores de la Justicia, a tal punto que el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, llamó a una jueza subrogante del fuero contencioso administrativo federal “rehén del Poder Ejecutivo”. Y lo hizo en un escrito de apelación presentado ante la propia magistrada.

El proyecto que fue firmado por Aguad y por los también diputados opositores Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Ricardo Alfonsín, Ricardo Buryaile, Juan Pedro Tunessi y Gabriela Michetti, propone que “se inhiba a los jueces designados de acuerdo al artículo 3 de la ley 26.376 (subrogantes), para participar del proceso donde se investiga a funcionarios públicos por delitos vinculados al ejercicio de sus funciones o cometidos al amparo de éstas”.

El texto propone una modificación al Código Procesal Penal, de manera tal que uno de sus artículos establezca que “cuando se tratare de un juez subrogante…, éste deberá inhibirse si el proceso se relacionara con la atribución a funcionarios públicos de delitos vinculados al ejercicio de sus funciones o cometidos al amparo de éstas, o se afirmaran comprometidos intereses de aquellos”. Y añade el proyecto: “La aplicación de esta disposición tendrá efecto retroactivo”, de manera tal que los jueces subrogantes que intervengan actualmente en causas de esa naturaleza deberán apartarse de inmediato de esos expedientes.