Dos delegados de los trabajadores de la cadena de supermercados Disco fueron sobreseídos por la Justicia en una causa en la que habían sido acusados por “coacción” por un gerente de una tienda, en el marco de un conflicto laboral.

La Cámara del Crimen ratificó el sobreseimiento definitivo a favor de los delegados Héctor Daniel Romero y Diego Armando Vargas, a quien un gerente de la empresa Jumbo Retail S.A., que controla a la cadena de supermercados, les había atribuido “el haber proferido amenazas de sesgo coactivo”.

La supuesta víctima de esa coacción, según la denuncia, había sido Diego Andrés Viegas, el gerente de la sucursal 16 de Disco, situada en la calle Paraguay 4302 de esta Capital, en tanto que los delegados fueron defendidos por la candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman y por su colega Luis Bonomi.

Los hechos ocurrieron entre agosto y diciembre de 2010, en el contexto de una reivindicación de los trabajadores sobre los salarios y las condiciones laborales de los empleados, que derivó en una paralización de actividades por siete días.

En ese marco, los delegados habrían manifestado su desacuerdo con decisiones de la empresa y focalizaron -según la denuncia- los reclamos en el gerente Viegas, quien indicó que Romero, “disconforme por unos días que le habían descontado en su recibo de sueldo le dijo ‘que se fuera y renunciara a su cargo de gerente, dado que si no lo hacía la iba a pasar mal y que no pararían hasta que se fuera o lo echaran’”, y en otra oportunidad lo llamó “cagón”. Además, el gerente les enrostraba unas pintadas que consideró ofensivas en las adyacencias del supermercado.

En primera instancia, la jueza de instrucción María Gabriela Lanz ya había sobreseído a los delegados, pero el gerente de Disco apeló la medida, que ahora fue confirmada por la Sala Primera de la Cámara, con las firmas de los jueces Jorge Rimondi, Luis Bunge Campos y Alfredo Barbarosch.

“Si este endeble cuadro probatorio es analizado en el complejo conflicto de índole laboral, no cabe otra solución que no sea desvincular definitivamente a los imputados”, opinaron los jueces, que explicaron que el cuadro de situación “denota diferencias que mantenían los imputados con la empresa debido a los reclamos formulados a la firma en su condición de delegados gremiales de los trabajadores”.

Además, consideraron que tampoco se pudo probar que hubieran sido los autores de graffitis escritos en las paredes, pese a unas grabaciones de cámaras de seguridad que la empresa intentó presentar como prueba.