Las rémoras de la feroz represión que antecedió a la caída del gobierno de la Alianza aún siguen dando vueltas por tribunales.

En este caso, un rionegrino que sufrió heridas de gravedad durante aquellos hechos llegó hasta la Corte Suprema de Justicia con un reclamo por 1.350.000 pesos que le fue rechazado por el tribunal superior provincial, que consideró que la demanda estaba prescripta.

Se trata del caso de Misael Bravo, quien tenía 35 años de edad y trabajaba como embalador de una empresa de frutas en Río Negro cuando el 19 de diciembre de 2001, en el contexto de una manifestación frente a un supermercado local, fue impactado por una bala de un arma de fuego que ingresó por la parte posterior del cuello con orificio de salida en la zona maxilar.

Por aquellos hechos hubo una causa penal que no halló a responsables: no se llegó a indagar a persona alguna, explicaron en un escrito los abogados de Bravo, Carlos Kohon y Horacio Freiberg.

Tras una serie de vaivenes judiciales, el Superior Tribunal provincial rechazó el reclamo tras determinar que se había presentado más de dos años después de los hechos. Es decir, en un plazo en el que el reclamo había perimido.

El recurso de queja que llegó a la Corte explica que Bravo no pudo conocer su incapacidad ni actuar en consecuencia sino hasta bastante tiempo después del hecho, justamente, porque no sabía si sobreviviría y, en tal caso, en qué condiciones.

La Corte no tiene plazos para expedirse sobre el caso.