La Cámara de Casación revirtió los sobreseimientos de acusados de regentear prostíbulos y jefes policiales acusados de ampararlos a cambio de sobornos. El Tribunal Oral en lo Criminal 26 había aceptado declarar la prescripción de la acción penal, en un expediente que se inició en el año 2000.

Gracias a ese fallo, habían quedado a salvo de la acción judicial los imputados Rodolfo Carlos Pellegrini, Liliana Mirta Bramante, José Dolores Caballero, Wilson Espinola Paiva, Jorge Claudio Alejandro Pardeiro, Alejandro Claudio Pallota, Rubén Daniel Fierro, Carlos Alberto Roncati, Carlos María Saladdino, Mario Omar Silvero, Carlos Eduardo Vargas, Miguel Ángel Fausto Colombo, Gustavo Aníbal Pardo, Horacio Raúl Bussetti, Ricardo Faustino Sofandi, Eduardo Saagian, Guillermo González, Rubén Oscar Morán, Rafael Palmas y Pablo Annibaldi. Pero los camaristas Ana María Figueroa, Raúl Madueño y Luis María Cabral, explicaron que “en el caso no se ha demostrado que el tiempo de duración del proceso haya sido injustificado” en virtud de la gran cantidad de imputados y hechos investigados.

“Si bien las actuaciones han tenido comienzo en el año 1999, y han transcurrido alrededor de catorce años de trámite, no debe perderse de vista la naturaleza de los delitos que se investigan y su complejidad… la participación de numeroso personal policial, de distintas dependencias y con contactos con personal civil, en el marco de una organización que por sus características, ha dificultado la recolección de pruebas y la determinación de la modalidad delictiva desplegada, como la participación específica de cada uno de los autores en ellos”, sostiene el fallo.

Además, advirtieron que “la situación de disponibilidad de los policías imputados no pone fin al ejercicio de la función pública pues continúan siendo empleados públicos a la espera de la asignación de un destino diferente y recién con la baja se produce la pérdida del estado policial y la desvinculación total de la institución”.