La llegada de Susana Freydoz -viuda y condenada por el homicidio de su marido, el ex gobernador rionegrino Carlos Soria- ya comenzó a producir efectos en la cárcel de mujeres de Ezeiza.

La Cámara Federal de La Plata ordenó la elaboración de un régimen laboral para las detenidas del Complejo Penitenciario que contemple derechos equiparables a los que gozan las trabajadoras en libertad.

Un grupo de reclusas planteó una acción de habeas corpus “a los fines de resguardar sus derechos laborales, pues consideraron que ciertos descuentos injustificados que sufren en sus haberes agravan las condiciones en que cumple su detención”. El escrito denunció el descuento de horas no trabajadas por inasistencias justificadas o de recortes por visitas recibidas o efectuadas a otras unidades carcelarias, lo que se suma a que “los sectores destinados a talleres no son ediliciamente aptos para desarrollar las tareas laborales” y la “mala calidad” de la comida que se les sirve en el almuerzo.

La sala tercera de la Cámara, con las firmas de los jueces Antonio Pacilio y Carlos Nogueira, determinó que “la organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre”. El régimen deberá ser elaborado por el “Ente de Cooperación Técnica y Financiera, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, con la intervención de los organismos del Estado vinculados a la materia en cuestión y la Procuración Penitenciaria Federal”.

Hasta entonces, el trabajo de las presas se regirá por la Ley de Contrato de Trabajo, como si se tratara de un empleado más de cualquier empresa privada o repartición pública.