Procurador adjunto ante la Corte solicitó que confirmen condena para represor

El procurador general adjunto ante la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Casal, pidió al máximo tribunal que confirme la condena a prisión perpetua para el... Por Cuarto Intermedio

El procurador general adjunto ante la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Casal, pidió al máximo tribunal que confirme la condena a prisión perpetua para el represor Jorge Olivera Rovere por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Casal sugirió a la Corte que “confirme la sentencia apelada mediante recurso federal” y se convalide el fallo del Tribunal Oral en lo Federal Cinco que condenó al represor.

Olivera Rovere fue condenado como “autor mediato de privación ilegítima de la libertad agravada por el carácter de funcionario público del agente y por haber mediado violencia y amenazas, respecto de ochenta y siete casos; privación ilegítima de la libertad agravada por el carácter de funcionario público del agente, respecto de tres casos y homicidio calificado por alevosía reiterado en cuatro oportunidades, todos en concurso real”.

La Cámara de Casación modificó la calificación y finalmente lo imputó como “autor mediato de privación ilegítima de la libertad agravada por el carácter de funcionario público del agente y por haber mediado violencia y amenazas, respecto de diez víctimas, e imposición de tormentos agravados por haberse cometido contra un perseguido político, respecto de una víctima, todos en concurso real”.

Casal señaló que, por tratarse de delitos de lesa humanidad, “en el caso no estuvo en discusión que Olivera Róvere fue Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, ni que, a raíz de esa condición, se desempeñó, entre el 6 de febrero y el 30 de diciembre de 1976, como Jefe de la Subzona Capital Federal, la que integraba la estructura creada en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército (Zona 1), con el objetivo de llevar a cabo la denominada ‘lucha contra la subversión’”.

“Sostener una versión contraria, favorable a la inocencia de Olivera Róvere, importaría reconocer, tal como propone la defensa, que la máxima autoridad en el territorio donde ocurrieron los crímenes en cuestión, desconocía no sólo que éstos se cometían allí sistemáticamente, en cumplimiento del plan elaborado por la junta de gobierno, sino también que los ejecutores eran sus propios subordinados”, dijo Casal.