El tribunal oral número 19 de la Capital Federal, que lleva adelante el juicio oral contra un grupo de policías federales acusados de “torturas” para esclarecer el secuestro de Mauricio Macri en 1991, sufrió una amenaza de bomba que obligó a desalojar el edificio judicial de Lavalle al 1.100.

El episodio ocurrió antes del inicio de la audiencia en la que pronunciaron alegatos de defensa los abogados de dos de los imputados, el comisario retirado Carlos Jacinto Gutiérrez y el ex jefe del Departamento Delitos Complejos, comisario inspector también retirado Carlos Sablich.

El tribunal recibió un llamado telefónico que alertaba sobre la colocación de un artefacto explosivo, por lo que tomó intervención la Justicia federal que ordenó el desalojo del lugar y una minuciosa revisión que arrojó resultado negativo.

Tras esa alteración de la audiencia, los jueces Horacio Barberis, Raúl Llanos y Alberto Ravazzoli escucharon los alegatos de los abogados de Gutiérrez, Daniel Tricárico y Leandro Maccan, y de Sablich, a cargo de Emilio Schiavone y Ricardo Saint Jean, hijo del gobernador bonaerense durante la dictadura Ibérico Saint Jean. Ambos pidieron la absolución de sus defendidos.

La próxima audiencia de alegatos de las defensas fue fijada para el miércoles 7 de mayo, a las 10.

El fiscal y la querella que acusan a cuatro policías y un ex funcionario judicial pidieron penas de hasta 30 años de cárcel por aplicación de tormentos al ex sargento Juan Carlos Bayarri y a su padre, ya fallecido, para que confesaran bajo torturas haber secuestrado al hoy jefe de Gobierno porteño.

El abogado Carlos Pérez Galindo, representante del damnificado, reclamó para los ex comisarios Sablich, Gutiérrez y el ex secretario judicial Eduardo Albano Larrea, la pena de 30 años de prisión, en tanto que para el ex policía Alberto Alejandro Armentano reclamó 25 años y 20 para Julio Roberto Ontivero.

Por su parte, el fiscal Eduardo Marina pidió 19 años para Sablich, Gutiérrez y Larrea; 16 para Armentano y la absolución para Ontivero.

Bayarri permaneció 13 años preso hasta que la Justicia determinó que había confesado bajo torturas, anuló la condena en su contra y dispuso investigar a sus presuntos torturadores.