La Legislatura de Córdoba aprobó un proyecto de ley que había enviado el gobernador José Manuel De la Sota (PJ) para morigerar las críticas de la sociedad contra la Policía.

La nueva norma establece el “control ciudadano de la Policía provincial”, al permitir que tanto personas como asociaciones civiles opinen sobre los efectivos designados en las fuerzas de seguridad.

El poder Ejecutivo deberá convocar a una Audiencia Pública «en el lugar donde los oficiales prestan sus servicios» y en la cual «los representantes legales de las organizaciones civiles, religiosas, gremiales, empresariales, centros de jubilados, centros vecinales y asociaciones sin fines de lucro, podrán hacer saber -a viva voz o por escrito- su parecer respecto de la actuación del oficial y sus condiciones personales y morales».

La consulta no tiene un carácter vinculante obligatorio, ya que la normativa no lo explicita.

El año pasado fue particularmente duro para la Policía cordobesa. Primero, por una investigación judicial sobre los presuntos vínculos de algunos agentes y funcionarios policiales con el narcotráfico. Segundo, por la huelga realizada en diciembre, que dejó durante casi un día a la ciudad de Córdoba en manos de los delincuentes. Este episodio se replicó luego en las principales ciudades del país.