Las políticas de Estado contra la violencia de género encontraron un obstáculo en la Cámara Federal de Casación Penal. El tribunal aceptó la suspensión de un juicio contra un joven denunciado por lesiones y amenazas contra una mujer.

El fallo fue divido, dos votos contra uno.

La Sala Segunda resolvió conceder una probation a cambio de 500 pesos de reparación para la víctima y la realización de tareas comunitarias. La fiscalía no se opuso a la probation y la mujer manifestó que aceptaba la suma ofrecida. El argumento fue el típico: “no era su deseo continuar con la causa”.

Los camaristas Alejandro Slokar y Angela Ledesma consideraron que sin impulso fiscal ni de la víctima, no había posibilidades de rechazar la probation. “Es contrario al debido proceso legal y al derecho de defensa en juicio”.