Cinco proyectos de ley tendientes a declarar a la telefonía móvil como un servicio público se discuten en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la nación. ¿Se busca con ellos mejorar el servicio, o existen “segundas” intenciones detrás del mismo? El beneficio de la duda, siempre está…
No se trata necesariamente de una especie de “Ley de Murphy”, pero ciertos antecedentes provocan la duda en más de una persona: es que más allá del contexto político-económico actual, resulta dificilísimo creer que el Estado nacional logre garantizar el correcto -o por lo menos normal- funcionamiento de un servicio, cualquiera fuere.
Siempre, claro, los funcionarios podrán aducir que resta “mucho por hacer”. Sin embargo, se impera replicarles: ¿fue verdaderamente suficiente lo hecho hasta ahora? La duda que hoy surge gira alrededor de unos proyectos de ley que se discuten en Comisión del Senado nacional tendientes a declarar a la telefonía móvil como un “servicio público” que, de materializarse, permitiría al Estado poder regular totalmente el sector y, entre otras cuestiones, establecer también los precios que se les debería cobrar a los usuarios.
Ahora bien; ¿será esta vez una iniciativa altruista o, por el contrario, el objetivo de algunos de los proyectos presentados busca perjudicar a las compañías telefónicas por alguna vieja rencilla del pasado? Según cuentan aquellos que frecuentan el Congreso nacional, hay dos tipos de legisladores que convergen en ambas Cámaras: los “estudiosos” y los que “instruyen a los demás”. De tratarse de una idea motorizada por alguien perteneciente al primer grupo, sin lugar a dudas el interés del ciudadano será el que prime en cada párrafo del proyecto. En el segundo caso y por el contrario, habrá que prestar suma atención en cada línea del mismo.
Sea cual fuere el motivo, cuesta asimilar cómo alguien entendió de buenas a primeras que la solución al problema de la calidad en el servicio de las comunicaciones móviles pase solamente por regular tarifas (algo que no está nada mal, desde ya), no sin antes haberle reclamado al Estado -en su momento- por la liberación de más frecuencias para permitirle a dichas prestadoras realizar inversiones sobre la ya saturada red. Por allí, más que nada, radica la inevitable duda sobre la “sensatez” parlamentaria de la iniciativa, puesto que detrás de la promoción de leyes de estas características siempre se vocifera en los mentideros que hay quienes buscan ventajas políticas o personales por sobre las de sus representados.
Si realmente los verdaderos beneficiarios de la iniciativa en ciernes fuesen los usuarios, por qué mejor entonces no haber propuesto –por ejemplo- la creación de una empresa estatal con planes y precios accesibles para hacer de la telefonía móvil, tal como lo reza uno de los proyectos actuales, un “servicio público esencial” para que el cliente sea el que decida con cuál quedarse. ¿Acaso derrumbaron esa idea los “fantasmas” de Lafsa o Enarsa?
Como todo lo que sucede en Argentina, solo el tiempo (si es que éste se acuerda) terminará desnudando las verdaderas intenciones de las propuestas que hoy se discuten en el Congreso.
