La Corte Suprema de Justicia ratificó el rechazo al resarcimiento económico para un perseguido de la última dictadura. Se trata de Manuel Werner, “asesor económico de José Ber Gelbard (ex ministro de Economía durante los gobiernos de Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón) y del grupo Graiver, además de socio de varias empresas del indicado grupo”.

Pese a que desde 1977 vivió fuera del país -la mayor parte del tiempo en México-, que prácticamente todos sus bienes fueron expropiados durante el régimen que sojuzgó a la Argentina entre 1976 y 1983, que apenas recuperó un porcentaje al regreso de la democracia y que “el 15 de marzo de 1977 había sido informado por amigos que el general (Guillermo) Suárez Mason y gente de la Policía de la provincia de Buenos Aires, a cargo del general (Ramón) Camps, querían detenerlo con la intención de hacerlo desaparecer”, su caso no fue considerado como una afectación real y concreta de su libertad ambulatoria.

Werner sufrió tres reveses sucesivos: primero, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; luego, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, y finalmente la Corte Suprema. De este último fallo adverso, fechado el 12 de agosto pasado, no alcanzó a enterarse. Murió un día antes en México.

Con un formalismo, “el recurso extraordinario, cuya denegación motiva la presente queja, es inadmisible”, la Corte Suprema desestimó la última apelación de Werner, representado en el expediente por los abogados Sebastián Neimark y Daniel Sabsay. El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.

Detrás de esa decisión hay una historia, contada de a retazos por el propio Werner en el fallo de la Sala Cuarta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, también adverso para el ex jefe de asesores de Gelbard.

Werner pidió el beneficio previsto en la ley 24.043, también conocida como “Indemnización para ex Detenidos”. Según el expediente, “manifestó que el 15 de marzo de 1977 había sido informado por amigos que el general Suárez Mason y gente de la Policía de la provincia de Buenos Aires, a cargo del general Camps, querían detenerlo con la intención de hacerlo desaparecer… Relató que dos días después de salir del país fueron a buscarlo a su domicilio policías que, llevaban detenidos en los automóviles a Jacobo Timerman y ‘George’ Mazzola”. Jacobo Timerman, padre del actual canciller, era el director del diario La Opinión; Ignacio Jorge “George” Mazzola, el sastre de David Graiver.

Werner narró que “de abril a mayo de 1977 vivió con su esposa y el menor de sus hijos en Montevideo, pero ante el temor de ser arrestado en ese país se trasladaron a la ciudad de México, el 15 de mayo de 1977, lugar en el vivían desde entonces. En abril de 1977, había sido incluido en una lista de más de 100 personas a los que la CONAREPA les quitó todos sus bienes, situación que había persistido durante más de 15 años, época en la que recuperó no más del 5% de aquellos”. Y abundó: “con anterioridad a la creación de la CONAREPA el Estado Nacional había ordenado la intervención de las empresas Criagro S.A. y Agropecuaria Timbo S.A de las que era accionista, por considerarlas vinculadas con el Grupo Graiver… el 7 de agosto de 1978 la CONAREPA había inhibido la disponibilidad de todos sus bienes”. Más aún: en el expediente figuran “las resoluciones de la CONAREPA del 16 de marzo de 1979 y del 28 de enero de 1981, mediante las que se había ordenado la transferencia de sus bienes al Estado Nacional”.

Su reclamo indemnizatorio no tuvo el resultado esperado. La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia lo rechazó porque Werner “no aporta pruebas o indicios que permitan siquiera suponer que hubiera sido objeto de detención o de persecución directa contra su persona por las fuerzas de la represión estatal, en forma previa a su decisión de dejar el país”. Además, evaluó que el economista en México “residió como inmigrante” y en ese contexto, “su estadía en el extranjero no genera, per se, derecho a indemnización ante la inexistencia de norma positiva que prevea el otorgamiento de una reparación especial en estos casos”.

Un fallo de segunda instancia firmado por los jueces Rogelio Vincenti, Jorge Morán y Marcelo Duffy, ratificó el rechazo: “las pruebas agregadas por el actor, referidas al tratamiento de su patrimonio por parte del gobierno de facto, no resultan idóneas para demostrar el peligro que corría su libertad física o ambulatoria, alegado como fundamento para tomar la voluntaria decisión de irse del país”.

Ni él, ni su familia, regresaron a la Argentina sino esporádicamente. De hecho, en Migraciones figura el reingreso de Werner el 18 de marzo de 1983.

Werner murió el lunes 11 de agosto, un día antes del fallo definitivo de la Corte.