La Cámara Federal de Casación Penal admitió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como “parte querellante” en una causa en la que se investigan los delitos de trata de personas y reducción a servidumbre en talleres clandestinos.

La Sala Cuarta del máximo tribunal penal del país revocó, por mayoría, una resolución de la Cámara del Crimen que le había denegado al organismo recaudador potestad para ejercer esa actuación en el proceso.

Los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos señalaron que “como consecuencia de los delitos denunciados en el caso resulta afectada la integridad de los recursos de la seguridad social y, con ello, también el Estado es particular ofendido por dichas conductas como titular de la hacienda pública”.

La causa se inició por denuncia de la propia AFIP “a raíz del resultado que arrojó un procedimiento de fiscalización que había realizado sobre dos locales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que funcionaban talleres textiles”.

La AFIP argumenta que “los hechos investigados ‘vulneran directamente la indemnidad de las arcas del Estado y la de los Recursos de la Seguridad Social’, objeto central de interés del referido organismo”.

“Las víctimas directas del delito bajo análisis se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad al haber sido, no sólo restringidas de la percepción de sus recursos previsionales sino, además, al haberse diluido su calidad de sujetos de derecho, a tenor de las condiciones en las que se encontraban viviendo”, sostiene la sentencia.