La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de la jefa de los defensores oficiales, Stella Maris Martínez, y del defensor Gustavo Kollman, ambos denunciados por presuntas irregularidades en la defensa del ex titular de la “Misión Sueños Compartidos”, Sergio Schoklender, y su ex esposa Viviana Sala.

La Sala Segunda de la Cámara confirmó un fallo del juez Sebastián Ramos que “se concluyó que las alegaciones de Sala y Schocklender, a través de las cuales se intentó atribuir comportamientos ilícitos a Martínez y Kollman, no reunían las condiciones para ser considerados de ese modo”.

No obstante, el fallo admitió a Schoklender y su ex esposa como “querellantes” en el expediente, por lo cual la sentencia podría ser apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Schoklender y Sala formularon la denuncia a raíz de un proceso disciplinario que afrontó la defensora oficial Perla Martínez de Buck, como consecuencia de la actuación de la funcionaria Patricia Plesel en la asistencia del mayor de los hermanos investigados por presuntas irregularidades en la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Martínez de Buck fue sancionada con un “apercibimiento” por presuntos malos tratos en que habría incurrido Plesel contra empleados de la defensoría, lo que fue denunciado internamente por los propios damnificados.

Plesel dejó de trabajar en la defensa de Schoklender, y fue reemplazada por el defensor adjunto Hernán Figueroa, quien en la actualidad se desempeña junto con Martínez de Buck en la asistencia legal del imputado.

La denuncia sostiene que, en realidad, el proceso disciplinario fue un manejo para perjudicar a la defensa oficial de Schoklender.

“Si el relato de los particulares damnificados no permite vaticinar, siquiera a título de hipótesis, la concurrencia de conductas delictivas, entonces es coherente con tal entendimiento que no exista necesidad de profundizar los extremos de dicha versión”, dijeron los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Para la Cámara, en la denuncia de Schoklender “no se argumenta suficientemente acerca de extremos que excedan del marco de crítica recién descripto, ni menos aún revelen cualquier intencionalidad delictiva por parte de los funcionarios del Ministerio Público de Defensa involucrados”.