Uno de los condenados por la muerte del militante del PO Mariano Ferreyra, reclamó ante un tribunal internacional por la supuesta violación de sus derechos humanos.

La defensa del gremialista ferroviario Pablo Díaz recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra la sentencia que lo condenó a 18 años de prisión por la muerte de Ferreyra.

Pidió su “inmediata libertad”, pues “lleva cuatro años y medio detenido sin condena firme” y en un contexto de “un sistema represivo, humillante, y sin propósito de resocialización alguna”.

Según la presentación ante el tribunal internacional, Díaz sufrió una “condena anticipada mediante juicios paralelos de orden periodístico y político”, empujada además por la “injerencia y manipulación política por parte del Poder Ejecutivo”.