La Corte Suprema ordenó a la justicia federal de Morón investigar el presunto robo de cables telefónicos que derivaron en la interrupción del servicio como un “delito contra el orden público, la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional”.

El máximo tribunal suscribió un dictamen de la Procuración General de la Nación que asignó al juzgado federal número tres de Morón, interinamente a cargo del juez Juan Pablo Salas, el expediente sobre el robo de cables.

La Corte -con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda- dirimió la cuestión de competencia a raíz de “la denuncia de sustracción de cables de teléfono que fueron encontrados en dos domicilios ubicados La Matanza y Merlo, respectivamente”.

La falta de esos cables “habrían provocado la interrupción de las comunicaciones”, explica el fallo.

La Corte estableció que deberá determinarse “si el hecho produjo la interrupción de las telecomunicaciones, lo que habría obstruido el normal funcionamiento de ese servicio público”.

De ello dependerá si hubo “afectación directa o indirecta a la seguridad del Estado Nacional o de alguna de sus instituciones”.

“De las manifestaciones de los peritos no puede descartarse que como consecuencia de los hechos hubiera resultado una efectiva interrupción del servicio de telecomunicaciones”, resumió el dictamen de la Procuración, firmado por el fiscal Eduardo Casal, que suscribió la Corte.