Los abogados de la familia de la estudiante chilena Nicole Sessarego Borquez no podrán ser acusadores en el juicio oral y público en el que, por ahora, hay un único imputado, el presunto autor material del crimen, Lucas Azcona.
Un complejo entramado de presentaciones y consideraciones de tiempos procesales hizo caer la posibilidad de que los abogados de la familia de la chilena, Patricia Anzoátegui y Julio Cisterna, sean querellantes en el juicio oral.
Si bien la investigación fue reabierta días atrás por la Cámara del Crimen para determinar si un ex novio de Sessarego pudo haber sido el instigador del crimen, el proceso -en lo que se refiere a Azcona- continuó su rumbo.
Durante la feria judicial de enero pasado el juez Luis Zelaya precipitó los tiempos en el camino hacia el juicio oral, dándole prioridad a la causa aún en el receso estival porque Azcona estaba (y sigue estando) detenido.
Pero la representación de Sessarego consideró que faltaba producirse pruebas y en esos planteos cayó el plazo temporal para que plantearan la elevación de la causa contra Azcona a juicio.
En mayo pasado, la Cámara Nacional de Casación consideró que “al menos el 3 de febrero de 2015 el apoderado de la querella” estaba al tanto de la situación y si bien pudo presentar planteos para mantener la acusación, “en vez de ello se embarcó en la maraña de articulaciones que le han resultado estériles”.
“La pérdida de la facultad (de acusar en juicio) no es pues atribuible al rechazo de las nulidades que intenta sino a su errada elección de la estrategia a seguir», sostiene el fallo, firmado por los jueces Luis Miño, Mario Magariños y Luis García.
El fallo subrayó que “los sumarios con detenidos son asunto de feria, sin excepción», y por eso la causa continuó tramitando durante el receso de enero, contrariamente a lo que interpretaron los abogados de la querella.
El fallo reivindica la habilitación de la feria judicial “en sumarios con imputados detenidos, vale decir, individuos cuyo estado de inocencia no ha quedado destruido por efecto de una sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada”.
La causa no tiene aún fecha de juicio, pero tal y como está planteado el escenario, sólo podrá acusar la fiscalía de juicio, no así los representantes de la familia de la estudiante chilena.