La Asociación Pensamiento Penal (APP), una entidad integrada por juristas de todo el país, le pidió a la Corte Suprema que declare la inocencia de una misionera condenada a prisión perpetua y presa desde hace siete años por el homicidio de una vecina en 2001.

“Se trata de la condena a prisión perpetua impuesta a una ciudadana por un hecho que no cometió, en violación a vitales garantías constitucionales que rigen en el Estado de Derecho”, sostuvo la APP en un “amicus curiae” (una recomendación jurídica) remitida a la Corte.

El 20 de mayo de 2010, un tribunal misionero condenó a Cristina Liliana Vázquez como coautora del crimen de Ersélida Lelia Dávalos, y dispuso que debía pagarle 200 mil pesos a los deudos de la víctima.

Según la sentencia, el 28 de julio de 2001 fue hallada sin vida en su domicilio Dávalos, cuyo cuerpo estaba “en un charco de sangre y con golpes en distintas partes del cuerpo”.

La hora de la muerte fue estimada entre la una y las dos de la madrugada del 28 de julio, pero según la APP, a esa hora la condenada estaba a ocho kilómetros del lugar, en la localidad misionera de Garupá.

Dos testigos, cuyos relatos fueron desestimados, consignaron que Vázquez no estaba en el lugar de los hechos sino en “un boliche” lejano al escenario del crimen.

La APP advirtió que Vázquez fue condenada por un “juicio moral”, que le reprochó “tener un estilo de vida promiscuo y marginal, ser adicta a la marihuana, tener como modo de vida cometer delitos contra la propiedad para obtener dinero a los fines de adquirir estupefacientes y, así, satisfacer sus adicciones, tener padres desinteresados y ser mentirosa”.

Pese a que no tiene antecedentes penales, “se construye una imagen negativa de la persona imputada, haciéndola quedar como una joven desinteresada, sumida en el mundo de las drogas y sin familia presente, capaz, según los parámetros de los jueces, de matar a una vecina para satisfacer su adicción”.

No obstante, ninguna de las huellas levantadas en la escena del crimen coincide con su perfil, y no se investigó otra pista que conducía a un sospechoso masculino, subrayó la APP.

Para peor, Vázquez “desconoció hasta febrero del 2015 que su condena a prisión perpetua se encontraba firme y que su defensa había omitido presentarse en queja ante el máximo tribunal”.

El escrito de la APP, firmado por los abogados Nicolás Laino y Fernando Gauna Alsina, advirtió además otra anomalía en el juicio: “como Presidente del Tribunal de Juicio actuó Marcela Alejandra Leiva, quien se había desempeñado como Secretaria del Juzgado de Instrucción donde se desarrolló gran parte de la Instrucción de la presente causa”.

Un mismo juez no puede intervenir en etapa de instrucción y luego en la de juicio, según determinó la propia Corte Suprema, que ahora deberá resolver si confirma o revoca la condena contra Vázquez.