Apenas doce organizaciones e instituciones participaron el pasado lunes de la audiencia pública que prevé la ley para discutir el proyecto de Presupuesto 2016 en la provincia de Córdoba.

El récord es el más bajo desde 2002, cuando tras la reforma constitucional comenzó a utilizarse este sistema. En los “años de oro” llegaron a opinar hasta 80 instituciones.

La audiencia pública es una instancia de participación inscripto entre la primera y la segunda lectura del presupuesto.

En la audiencia, los legisladores pueden concurrir a escuchar, pero no a intervenir, ya que no hay debate.

En general, las críticas al proyecto oficialista estuvieron en la permanencia de la Tasa Vial, de Ingresos Brutos, y del diferimiento del pago de los aumentos a los jubilados provinciales. El próximo gobernador, el peronista Juan Schiaretti, había prometido en la campaña eliminar esas medidas.

También marcharon hasta las puertas de la Legislatura los empleados judiciales. Su representante, Federico Cortelletti, dijo en la audiencia que “desde el año 2013 a 2015 el diseño de la planta engrosó su presupuesto en el sector Funcionarios y Magistrados”. “Así -sostuvo- vemos que el número de prosecretarios, tanto letrados como administrativos, aumentó un 27 por ciento; mientras que la cantidad de jefes de Despacho, dentro del escalafón de empleados, se redujo un 20 por ciento”.