En la provincia de Mendoza, la Cámara de Senadores dio media sanción a la emergencia sanitaria, proyecto que había presentado el gobernador Alfredo Cornejo; se suma a la emergencia administrativa, fiscal y financiera ya aprobada.

El miércoles, el proyecto será tratado por la Cámara de Diputados. Cuando se lo apruebe, lo cual se descuenta, la emergencia sanitaria tendrá una vigencia de seis meses, y será prorrogable por otro semestre.

La ley obliga al Poder Ejecutivo a elaborar un plan de contingencia en todos los niveles prestacionales, con especial énfasis en la continuidad de las acciones preventivas y de promoción de la salud y maternidad e infancia.

Además, el gobierno mendocino debe “garantizar la distribución equitativa de recursos humanos, financieros y materiales en todo el territorio provincial”.

La futura norma prevé autorizar al ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes y otros organismos a contratar en forma directa, hasta por diez millones, la compra de bienes corrientes, de capital y servicios personales y no personales imprescindibles para el cumplimiento de prestaciones de salud y necesidades básicas esenciales e impostergables.

Los fundamentos del proyecto destacan la coyuntura en que se encuentra el Estado provincial, con incumpliendo de sus obligaciones de pagos de sueldos, contratos y prestaciones; disminución de las raciones alimentarias para pacientes internados y personal de guardia; rompimiento de la cadena de pagos a los proveedores; y deterioro de instalaciones y equipamientos.