Si bien ya se dispuso por medio de un decreto el nombramiento de dos nuevos jueces para la Corte Suprema de Justicia, desde la “Usina de Justicia” le venían proponiendo al Presidente que se fijara en un ex consejero de la Magistratura y un fiscal general para ocupar esos cargos.

La “Usina de Justicia”, una ONG creada por dos intelectuales que perdieron a sus hijos en episodios de violencia callejera, le habían pedido al Presidente, Mauricio Macri, que proponga para jueces de la Corte Suprema al ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi y al fiscal general Ricardo Sáenz.

Fargosi fue consejero de la Magistratura en el período anterior, mediante un acuerdo en el que intervinieron abogados de extracción radical y del PRO.

Sáenz, por su parte, es fiscal general ante la Cámara del Crimen porteño y fue uno de los organizadores de la marcha del 18 de febrero pasado en reclamo de justicia por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

La “Usina de Justicia” fue creada por la historiadora Ema Cibotti y la doctora en filosofía Diana Cohen Agrest, quienes impulsan desde esa ONG “una visión diferente del sistema penal argentino con acento en las víctimas”.

La propuesta aclaraba sobre Fargosi y Sáenz: “vienen luchando con nosotros a favor de los derechos de las víctimas y trabajan incansablemente en pos de una Justicia que nos represente a todos, y no sólo a unos pocos”.

“Queremos alertar a la ciudadanía contra cualquier nombramiento que continúe la línea ideológica mal llamada ‘garantismo’, en tanto se centra no sólo en las garantías del delincuente sino en la concesión indiscriminada de beneficios como las salidas transitorias y la libertad condicional de personas peligrosas que no terminaron de cumplir su condena”, añadía la iniciativa.

“Los familiares de víctimas no podemos apoyar a ningún candidato que considere que quien cometió un delito no debe recibir una condena justa”, resume el escrito.

La ONG había lanzado una campaña de recolección de firmas a través del sitio de internet Change.org.