Después del anuncio del ministro de Justicia, Germán Garavano, sobre la postergación por un año de una ley que debía comenzar a regir en marzo próximo, la Asociación Pensamiento Penal (APP), una organización integrada por jueces y juristas de todo el país, reclamó la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal.

Se trata de una modificación de fondo que asigna mayor poder en la investigación a los fiscales, y convierte a los jueces en controladores de las garantías constitucionales.

“El vetusto y caduco modelo de investigación penal que rige en los fueros nacional y federal, al abrigo del actual Código Procesal Penal de neto corte inquisitivo, debe dar paso a un modelo procesal democrático, transparente y con respuestas adecuadas, de cara a la sociedad”, sostuvo la organización, mediante un documento público.

“Las razones que trascendieron en distintos ámbitos para dilatar la entrada en vigencia del nuevo régimen procesal penal, no habilitan a que la sociedad vea postergada -una vez más- la concreción de estándares mínimos que respeten los derechos humanos básicos durante el desarrollo del proceso penal”, sostuvo la APP.

“Los reparos vinculados a la infraestructura no son de tal entidad como para postergar la entrada en vigencia del nuevo Código. De hecho, estimamos que existe una capacidad ociosa, con suficientes salas de audiencias en el ámbito de la Justicia Nacional y posiblemente dicha capacidad no se compadezca con la voluntad necesaria para llevar adelante el cambio de paradigma en el sistema de justicia penal”, añade el documento.