La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires le ordenó al Gobierno porteño que le provea una vivienda a una familia que sufre riesgos de derrumbe por la ocupación y construcción ilegal de un predio contiguo en el barrio de Saavedra.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Francisco Ferrer, dispuso una medida precautelar para que el Gobierno porteño le garantice a una familia propietaria de un PH “el acceso a una vivienda en condiciones dignas”, y de características similares a la que actualmente ocupa.

Lo hizo “ante el riesgo de derrumbe existente por construcciones irregulares efectuadas en un inmueble vecino, el cual se encuentra ocupado de forma ilegítima”.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) ordenó que cesara la construcción en el predio usurpado, pero pese a ello la edificación continuó creciendo en espacio y altura.

“Las construcciones precarias realizadas alcanzan los siete metros, sin cimientos y apoyadas sobre su propiedad”, denunciaron los vecinos dueños del PH.

Para el juez, existe “un derecho vulnerado (el derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado garantizado en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad)”.

“A fin de garantizar el derecho a la vivienda digna de la familia amparista (derecho que podría verse vulnerado ante un eventual derrumbe)”, el juez le ordenó al Gobierno porteño que incluya a los vecinos perjudicados por la ocupación ilegal que “los incluya en un programa habitacional que les permita atender el valor actual del mercado de un inmueble con características similares al que actualmente ocupan”.